FACUA pide sanciones a Vueling por el caos aéreo que afecta ya a miles de usuarios

Fomento abre expediente a la compañía por los numerosos retrasos

Cientos de pasajeros se han visto afectados en los últimos días por incumplimientos en trayectos

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vueling por el caos aéreo provocado por la compañía debido a las numerosas cancelaciones y retrasos que están sufriendo sus vuelos en este inicio de las vacaciones; incidencias que están afectando a miles de usuarios en aeropuertos de toda España y por las que la compañía ha sido expedientada por el Ministerio de Fomento.

La asociación ha presentado un escrito ante la Agencia Catalana de Consumo de la Generalitat -por tener la compañía su domicilio social en Barcelona- donde solicita a dcho organismo que promueva sanciones contra Vueling por el elevado número de incidencias no justificadas que vienen presentando sus vuelos. En este sentido, la asociación recuerda que la normativa catalana de protección al consumidor contempla multas de hasta diez veces el importe del beneficio obtenido con las prácticas irregulares objeto de sanción.

Además, FACUA también ha denunciado a Vueling ante la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y ha solicitado ante dicho organismo, dependiente de Fomento, ser parte en el expediente sancionador abierto La asociación reclama a las autoridades que obliguen a la compañía a modificar su política operativa y comercial, la cual está repercutiendo gravemente, tanto en la calidad del servicio a los consumidores y usuarios, como en el correcto funcionamiento del tráfico aéreo en materia de seguridad y de horarios programados.

AESA, dependiente de Fomento, ha abierto expediente a Vueling “para esclarecer el origen” de las múltiples cancelaciones y retrasos de vuelos de la compañía. Por su parte, el Ministerio ha citado este lunes al presidente de Vueling, Javier Sánchez-Prieto, para escuchar sus explicaciones y sus planes para regularizar la situación. Lo mismo ha anunciado la Generalitat, que ha convocado a la dirección de Vueling a una reunión de urgencia con el fin de pedirle un “cambio de actitud”.

Sin embargo, a juicio de FACUA, no basta con una simple llamada de atención. De hecho, la asociación recuerda que la compañía es reincidente: Aviación Civil abrió expedientes a Vueling, al menos, en dos ocasiones (2004 y 2007), por incumplir la Ley de Seguridad Aérea en materia de ‘slots’ -derechos de vuelo- y de horarios.

El epicentro del caos provocado por la compañía vuelve a situarse en el aeropuerto de El Prat, desde donde Vueling conecta la mayoría de sus vuelos. Allí, cientos de pasajeros se han visto afectados en los últimos días por incumplimientos en trayectos con salidas o llegadas a Málaga, París, Bilbao, Toulouse, Frankfurt, Dubrovnik o Ibiza, entre otros.

Tras conocer que sus trayectos eran cancelados o, en el mejor de los casos, retrasados, los usuarios han intentado sin éxito obtener información por parte de la compañia respecto a las posibles soluciones y alternativas.

Qué y cómo reclamar

La asociación recuerda a todos los pasajeros que no hayan podido tomar sus vuelos previstos que tienen derecho a la devolución del importe del billete en el plazo de siete días, incluida la parte del trayecto que ya hubiesen realizado o las que quedasen por realizar si el desplazamiento ya no tiene razón de ser. Además, la normativa establece que si la demora se prolonga durante más de tres horas, el usuario tiene derecho a una compensación de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, de 400 euros por vuelos entre 1.500 y 3.000 kilómetros y de 600 euros cuando la distancia sea mayor de 3.500 kilómetros.

Asimismo, las aerolíneas están obligadas a asumir el coste del alojamiento de los pasajeros cuando tienen que pernoctar fuera de su ciudad de origen como consecuencia de las cancelaciones, además del importe de la comida durante la espera. Para reclamar estas compensaciones, los usuarios deben plantear un escrito a la aerolínea. En caso de que se niegue a abonarlas, FACUA les recomienda presentar las correspondientes denuncias ante la AESA y la autoridad de protección al consumidor de su comunidad autónoma. Además, les recuerda que cuando los importes no superan los 2.000 euros, pueden reclamarlos en los tribunales instando un juicio verbal, para lo que no necesitan abogado ni procurador.

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