El PP ‘sospecha’ de algo oscuro en la adjudicación de los 17 comedores escolares a Serhoca por parte de la Junta

"A pesar de las graves irregularidades el Gobierno andaluz ha actuado con pasividad"

El colegio de La Antilla, abastecido por Serhoca

El Partido Popular de Huelva va a exigir a la Junta de Andalucía el expediente de adjudicación del servicio de comedores escolares en 17 colegios de la provincia, un servicio contratado por la Junta con una empresa jiennense, Serhoca, que ha incumplido “sistemáticamente” el contrato, por lo que será rescindido finalmente por el Gobierno andaluz gracias a la presión del PP.

Así lo ha indicado hoy viernes el presidente del PP y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento, Manuel Andrés González, tras mantener una reunión en Lepe con representantes del centenar de monitoras de comedores escolares afectadas por este caso. González ha denunciado la situación que se ha dado en el servicio prestado en 18 comedores escolares de la provincia durante el último curso escolar, en el que se han detectado continuas y graves irregularidades.

Concretamente, y como ya denunció Huelvared  en su día, se han presentado de forma reiterada casos de alimentos en mal estado de conservación; falta de medios materiales de las monitoras para atender a los niños y niñas y para limpiar la zona del comedor escolar; o continuos incumplimientos de pago por parte de la empresa con las monitoras, lo que ha forzado, tras la presión política del Grupo Popular, que la Junta se haya visto obligada a anunciar que rescindirá este contrato.

Sin embargo, el dirigente del PP ha afirmado que la empresa “sigue adeudando a sus trabajadoras la mensualidad de junio, por lo que desde el PP vamos a seguir insistiendo hasta que la empresa cumpla al cien por cien con todas sus obligaciones”.

“Vemos algo sospechoso en esta adjudicación y en la pasividad que ha demostrado la Junta de Andalucía durante el curso escolar, pese a los reiterados incumplimientos de esta empresa jiennense en cuanto a las condiciones del servicio adjudicado, por lo que requeriremos  el expediente de adjudicación de este contrato”, ha añadido el popular.

Además, ha subrayado González, “si la empresa adeuda dinero a las monitoras, deberá ser la Junta, con la garantía que aportada en el momento de la adjudicación, la que abone el dinero que se le debe a las monitoras”.

El popular ha recordado que esta denuncia arrancó tras las irregularidades detectadas en el servicio de comedor de los colegios Castillo de los Zúñiga de Cartaya y Virgen del Carmen de El Rompido (Cartaya), que motivaron la suspensión temporal durante el curso del servicio por parte de la Junta de Andalucía a raíz de la intervención de la Inspección Sanitaria.

“Hablamos de comedores escolares, de atención a niños, algunos de ellos en situación de exclusión social, y finalizado el curso la Junta parecía no tener intención de plantear la rescisión del contrato con esta empresa anunciada tras la suspensión temporal del servicio de comedor decretada hace unos meses en estos colegios de Cartaya”, ha precisado el dirigente del PP.

Por todo ello, y pese al anuncio de la Junta de rescisión del contrato, el PP requerirá el expediente de adjudicación a esta empresa e insistirá en que la Junta haga cumplir con todas las obligaciones contraídas por la empresa con las monitoras.

El servicio ya estuvo suspendido temporalmente en el pasado curso escolar en dos colegios de Cartaya por problemas sanitarios en los alimentos

La Junta culmina la resolución del contrato con la empresa SERHOCA, S.L., tras incidencias en 17 comedores escolares

Entretanto, la Consejería de Educación ha hecho público hoy que ha ejecutado la resolución del contrato de gestión del servicio público de comedor prestado por la empresa SERHOCA, S.L., encargada de prestar el servicio de comedor escolar en 17 centros docentes públicos de la provincia de Huelva, tras las diversas y reiteradas incidencias registradas a lo largo de este curso escolar que propiciaron un riguroso y exhaustivo procedimiento administrativo y que ha requerido de un seguimiento coordinado de dicho servicio por parte de las consejerías de Salud y de Educación.

Según la Consejería, las denuncias de algunos de los centros afectados comenzaron en el primer trimestre del curso escolar, iniciándose así un largo proceso administrativo centrado en la exigencia del cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales por una parte. Asimismo, fruto de estas inspecciones y auditorías, la empresa responsable del contrato fue penalizada en el pasado diciembre con una sanción económica de 35.000 euros.

Tras el seguimiento del cumplimiento del contrato y de la comunicación continua con las direcciones y las asociaciones de madres y padres de los centros afectados así como con representantes de las corporaciones municipales de las localidades de referencia,  se verificó la continuidad de determinados incumplimientos en la gestión del servicio, por lo que en marzo se acordó iniciar un expediente de resolución de contrato que ha adquirido carácter firme esta misma semana.

A su vez, la Junta de Andalucía ha iniciado un nuevo procedimiento de contratación para garantizar la prestación del servicio desde el comienzo del curso 2016- 2017 en los centros educativos afectados por la medida y situados en las poblaciones de Aljaraque, Aracena, Ayamonte, Isla del Moral, El Campillo, Cartaya, El Rompido, Galaroza, Lepe, La Antilla, Minas de Riotinto, Niebla, Paymogo, San Silvestre de Guzmán, Santa Bárbara de Casas y Tharsis.

Paralelamente se ha iniciado un nuevo procedimiento que asegure la prestación del servicio en los centros afectados

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