La Junta se compromete en la defensa del consumidor y usuario

Consumo realizó 12.125 inspecciones en el primer semestre del año

El sector de las telefonías es, junto con bancos y eléctricas el que más abusos se comete

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz de defensa de los consumidores y usuarios, velando en todo momento para que se cumplan las normas y exigencias vigentes, “para transmitir a los andaluces la tranquilidad de que la administración competente en materia de consumo va a estar en permanente actividad en defensa de sus intereses en materia de consumo”.

Según los datos facilitados, en el primer semestre de este año 2016, se han llevado a cabo un total de 12.125 inspecciones de Consumo, un servicio dependiente de la Consejería de Salud.

Desglosadas por sectores 1.237 han sido relacionadas con productos alimenticios; 6.294 con productos industriales y 4.594  con servicios. Además, se han tomado 83 muestras de productos alimenticios y 52 de productos industriales.

Estas inspecciones, ha explicado Aquilino Alonso, pueden ser de oficio, incluidas en las distintas campañas de inspección que se programan cada año, o como consecuencia de reclamaciones o denuncias formuladas por asociaciones de consumidores, o personas físicas.

“La Consejería de Salud realiza inspecciones en todos los sectores que afectan a los consumidores y usuarios, vigilando que se cumplan las normas vigentes de etiquetado, precio, calidad y seguridad de los productos”, ha asegurado el titular de Salud.

Así, ha detallado que, el caso de las campañas de productos alimenticios, “se vigila especialmente la adecuación de estos productos a los requisitos de etiquetados exigidos por la normativa vigente”. De este modo, se toman muestras de los alimentos para remitirlas a los laboratorios a fin de realizar los ensayos y analíticas para poder detectar irregularidades en su composición, presencia de materias extrañas y no cumplimiento de los márgenes de tolerancia en cuanto al contenido neto.

En los productos industriales, las campañas se destinan a comprobar la adecuación de estos productos a etiquetados y a la seguridad en su uso. En el caso de detectar defectos de seguridad que pueda suponer un riesgo para las personas consumidoras, el producto se incluye en la Red de Alerta de Productos de Consumo, a fin de que se proceda a retirarlos del mercado. “Se tiene especial interés en estas campañas en vigilar productos destinados a consumidores vulnerables, como pueden ser los niños y por ello se intensifican las inspecciones en productos de juguetería, puericultura o material escolar”, ha dicho el consejero.

En el sector de empresas de servicios es donde se aglutina el mayor número de quejas, reclamaciones y denuncias presentadas por las asociaciones de consumidores y por usuarios (en torno al 95%).

Comercio electrónico y restauración

El titular de las políticas de Consumo ha destacado que el incremento de la compra/venta a través de Internet “obliga a las Administraciones con competencia en defensa y protección de consumidores y usuarios a poner en marcha procedimientos de control, con el objetivo de evitar actividades ilícitas y la comisión de infracciones”.

En el caso de esta campaña desde la Consejería de Salud se ha puesto el énfasis en dos elementos prioritarios. El primero, el control legal de las personas físicas y/o jurídicas que oferten productos y servicios a través de páginas webs, en cuanto a lugar de establecimiento, identificación, oferta, condiciones generales de contratación, prácticas comerciales desleales y quejas y reclamaciones recibidas. Y en segundo lugar, en la obtención de datos suficientes que permitan mejorar la información que recibe el consumidor a través de Internet, tanto de los productos ofrecidos como de sus derechos y obligaciones.

Durante este ejercicio 2016 se han programado 240 comprobaciones en páginas webs de diversos sectores de ventas electrónicas.

Otro de los sectores a los que se dedica un gran número de controles e inspecciones es el sector de la restauración. “Se trata de un sector que experimenta numerosas variaciones en la relación de establecimientos, unido a la existencia de un número significativo de reclamaciones a lo largo de estos últimos años, lo que justifica la necesidad de mantener un nivel de vigilancia alto en los distintos tipos de establecimientos que lo componen”, ha recordado Aquilino Alonso.

Esta campaña de inspección se viene realizando con carácter continuado desde hace varios años, debido entre otras cuestiones a la alta demanda por parte de las personas consumidoras y usuarias, tanto en Andalucía como en el resto del Estado. Para este ejercicio 2016 se han programado inspecciones a 780 establecimientos de restauración.

Otro de los sectores que han experimentado un auge importante en los últimos años es el sector publicitario. En este sentido se concentra la actividad inspectora en detectar la emisión de publicidad, o términos que se utilicen en la misma, de carácter desleal. En la disponibilidad de existencias de los productos ofertados, la obligación de indicar el precio final completo y otros aspectos relacionados con los mecanismos o fórmulas comerciales que puedan inducir a engaños.

En la campaña destinada a servicios publicitarios se han programado para este ejercicio 2016, 240 controles.

Y por último, dentro del sector servicios, el consejero se ha referido a los servicios de garajes y aparcamientos, y especialmente a sus tarifas. En este contexto, la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Consumo está desarrollando una campaña dirigida a este sector, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de información a las personas consumidoras y usuarias.

En el desarrollo de la misma, se prestará atención especial a la posible inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, así como evitar el uso de prácticas comerciales desleales por las empresas.

Se han programado 104 controles para este ejercicio, especialmente destinados al cumplimiento de las normas de la hoja de quejas y reclamaciones, facturación de los primeros minutos de estacionamiento, facturación del precio real por minuto de estacionamiento, sin redondeo de tiempos no efectivamente consumidos, aplicación de penalizaciones en caso de pérdida de ticket, etc

Expedientes sancionadores

El conjunto de inspecciones que se realizan pueden derivar en distintas actuaciones, en función del resultado de dicha inspección. De un lado, pueden derivar en expedientes sancionadores. El plazo temporal para abrir expediente sancionador es de un año desde que se conoce la infracción por parte de la Administración (a fecha de hoy se han iniciado 425 expedientes sancionadores con las actas de inspección de este primer trimestre de 2016). Una vez iniciado el expediente el plazo es de 10 meses para resolverlos.

En otros casos, las actuaciones inspectoras se derivan a otros organismos en base a sus competencias, por ejemplo a Comercio en caso de las rebajas, Industria o Energía en el caso de productos industriales y pesos y medidas. En el primer semestre se han dirigido a otras administraciones 77 actas de inspección.

Caso Volkswagen

En la Consejería de Salud y en concreto en la Dirección General de Consumo, se vienen recibiendo desde el mes de octubre de 2015, numerosas denuncias contra entidades del Grupo Volkswagen, ya sea directamente por los consumidores o a través de sus asociaciones.

Las denuncias están basadas en la difusión en diversos medios de comunicación, de una noticia relacionada con la existencia de un software o dispositivo informático, instalado en determinados motores de vehículos fabricados por este Grupo de Empresas.

Este dispositivo reduce al parecer las emisiones de gases contaminantes, en concreto de óxidos de nitrógeno, cuando dichos vehículos son sometidos a pruebas de ensayo, y ello les permite superar las pruebas de homologación establecidas en la Comunidad Europea.

Este hecho, de los que sería responsable la empresa, pudiera ser constitutivo de infracción administrativa tipificada en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía por “elaborar, distribuir, suministrar, vender u ofertar bienes cuando su composición, características técnicas o calidad no se ajusten a la normativa o difieran de la declarada o anotada en el correspondiente registro.

En base a ello se inició en abril de 2016 un procedimiento sancionador, que se está tramitando en la actualidad.

En los primeros días de julio pasado, se remitió escrito a la Audiencia Nacional, a efectos de constatar si los hechos que motivaron el inicio del procedimiento sancionador coinciden con los que son objeto de diligencias previas, seguidas en dicha Audiencia y que podrían ser constitutivos de infracción penal y por tanto se procedería a la suspensión de nuestro expediente sancionador (no puede ser juzgado el mismo hecho dos veces). La Dirección General de Consumo aun no ha recibido respuesta de la Audiencia Nacional al escrito.

El sector de empresas de servicios es el que aglutina el mayor número de quejas, reclamaciones y denuncias, el 95%

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