C’s destaca que las medidas de reactivación económica beneficiarán a 27.000 empresarios onubenses

El IRPF bajará más de los esperado ya que C’s ha obtenido el compromiso de la Junta

Julio Díaz, en rueda de prensa

El parlamentario andaluz de Ciudadanos por Huelva Julio Díaz ha desgranado este martes 8 de noviembre las medidas para la reactivación económica acordadas con el Gobierno andaluz. Al respecto, ha asegurado que su formación “ha negociado un plan para pymes, emprendedores y autónomos, del que se beneficiarán casi 27.000 empresarios en la provincia de Huelva“.

En rueda de prensa en Huelva, Díaz ha manifestado que este plan está dotado con unos 129 millones de euros, “lo que supone que con la llegada de Ciudadanos se han inyectado más de 250 millones de euros, en dos años, para la creación de empleo”. Además, para economía y conocimiento se destinarán 84,5 millones destinados a fomentar iniciativas empresariales y viveros de empresas, ha manifestado.

En materia de lucha contra el fraude, se incrementa el presupuesto en un 3,8%. El parlamentario ha anunciado que “en breve llegará el decreto al Parlamento para que se constituya la oficina antifraude con el fin de detectar los casos de fraude y destinar esos recursos a las necesidades del músculo productivo de Andalucía”.

También el IRPF en Andalucía bajará al final de la legislatura “más de lo que habíamos acordado inicialmente”, según ha declarado Díaz, tras obtener el compromiso de la Junta de crear una mesa de trabajo para armonizar este impuesto respecto a otras comunidades autónomas, lo que, a juicio del diputado, conllevará bonificaciones y exenciones para que en 2017 se alcance un acuerdo que beneficie a las clases medias y trabajadoras.

Por otro lado, el parlamentario de C’s ha hecho hincapié en el acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Junta de Andalucía en materia judicial. “El PSOE ha entendido que por cuatro millones euros, unos 18.000 procuradores y abogados de Andalucía no podían estar sosteniendo de facto la administración de justicia”, por ello el fin es que “la Consejería pague en tiempo y forma a estos profesionales”.

En este sentido, se aumenta en 66 millones para operativos de órganos judiciales y otros 10 para infraestructuras judiciales. Al respecto, ha asegurado que “para que la justicia sea justa, debe tener medios que le permita funcionar correctamente y con independencia”.

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