El Tribunal Constitucional respalda la igualdad de los ciudadanos andaluces en el acceso a los medicamentos

El Alto Tribunal entiende que la iniciativa "tiende a racionalizar el gasto"

El TC da el visto bueno a la selección pública de medicamentos (subasta) que hace la Junta

La Junta de Andalucía ha emitido un comunicado en el que asegura que el “Tribunal Constitucional ha respaldado la igualdad de los ciudadanos andaluces en el acceso a los medicamentos que prescriben los profesionales de la sanidad pública mediante la selección pública de medicamentos (subasta)“. Así lo determina el Alto Tribunal en la sentencia que ha recibido la Consejería de Salud que avala la constitucionalidad de esta medida y desestima el recurso del Gobierno central.

El auto manifiesta que la “selección por el Servicio Andaluz de Salud, a través de la correspondiente convocatoria pública, de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no establece diferencias en las condiciones de acceso” y “la única diferencia es que en Andalucía la selección del de precio más bajo la hace el Servicio Andaluz de Salud y en el resto del Estado la hace el farmacéutico, sin que ello suponga perjuicio alguno para el destinatario”.

Además, según la Junta, la resolución descarta los argumentos usados por el Abogado del Estado sobre la vulneración de competencias estatales de la iniciativa andaluza y señala que no entra en contraposición con la “condición básica del derecho a la salud” ni con la “legislación sobre productos farmacéuticos o como régimen económico de la Seguridad Social”.

La Administración andaluza dice que la sentencia señala además que aunque la normativa estatal garantiza una “uniformidad mínima en las condiciones de acceso a los medicamentos con independencia del lugar en el que dentro del territorio nacional se resida”, también afirma que “puede ser susceptible de mejora, en su caso, por parte de las Comunidades autónomas, en virtud de su competencia sustantiva y de su autonomía financiera”.

Por tanto, en su escrito la Junta dice que el Constitucional manifiesta en el dictamen que “no hay una norma básica que condicione o limite las medidas que en materia de dispensación pueden adoptar las Comunidades autónomas” y recuerda que el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener medicamentos en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud, “sin perjuicio de las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias”. En este sentido. el Alto Tribunal entiende que la iniciativa andaluza  “tiende a racionalizar el gasto” y por tanto no ha producido “diferencias en las condiciones de acceso” a estos productos.

La Junta de Andalucía reitera su satisfacción por esta sentencia ya que avala y ratifica lo que el Gobierno autonómico ha defendido desde la implantación de esta medida en 2012, tanto en lo referido a su legalidad y constitucionalidad como a la garantía de que la población andaluza tiene el mismo acceso a los medicamentos que en el resto de España.

La selección pública de medicamentos de Andalucía se desarrolla en el marco de la Ley de Farmacia de Andalucía y cumple con la Ley estatal de garantías y uso racional de medicamentos. Asimismo, se rige por las leyes del comercio. Permite dispensar en las farmacias los medicamentos prescritos libremente por los facultativos y autorizados por la Agencia Española de Medicamentos.

Según la Junta, “esta estrategia permite, además de un importante ahorro para el sistema sanitario público andaluz sin mermar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, que los usuarios tengan acceso siempre al mismo medicamento, con el mismo envase y la misma presentación, lo que facilita su identificación y, por tanto, la adhesión al tratamiento”.

La Junta asegura que desde su implantación en 2012 hasta la fecha, se ha producido, gracias a las diez convocatorias de selección pública de medicamentos, un ahorro acumulado de alrededor de 413 millones de euros; por tanto, es una medida de uso racional del medicamento que contribuye de manera importante a la sostenibilidad del sistema sanitario público.

El Gobierno de España llevó esta medida ante el Tribunal Constitucional en dos ocasiones y  ha planteado numerosos recursos para su paralización. 

 

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