El Tribunal de Cuentas cifra en 60.718 millones el coste de recursos públicos para sanear la banca

Pide al FROB que aclare los recursos destinados a cada proceso

El Tribunal de Cuentas calcula en 60.718 millones de euros el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el rescate bancario entre 2009 y 2015

El Tribunal de Cuentas calcula en 60.718 millones de euros el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria entre 2009 y 2015. Las aportaciones al capital y las cuotas participativas de entidades suman el grueso de esta factura y ascienden a 46.021 millones.

Esta estimación del coste para el erario público del proceso de reestructuración no se puede considerar “definitiva”, según ha advertido el Tribunal de Cuentas, que ha recordado que aún tienen que terminar los procesos de reestructuración.

El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), controla el 66% de Bankia y el 65% de BMN. “La venta de acciones de entidades en las que el FROB aún participaba al 31 de diciembre de 2015 puede provocar un incremento o una disminución el citado importe”, ha explicado en un comunicado en el que también ha indicado que la factura del rescate bancario dependerá de la evolución de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) y de otro tipos de garantías otorgadas en la venta de entidades, con un saldo vivo total de 17.211 millones a cierre de 2015.

El Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización del proceso de saneamiento de la banca, ha calculado también que los recursos públicos comprometidos ascienden a 122.122 millones entre 2009 y 2015, aunque ha aclarado que no todas las medidas de disposición o compromiso de recursos públicos suponen un coste para el sector público. Apunta además que la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito inmersas en procesos de reestructuración o resolución por un importe de hasta 85.965 millones. El saldo vivo de la única emisión no autorizada asciende a 1.059 millones hasta la fecha.

El Tribunal de Cuentas ha recordado que el saldo vivo de las emisiones de deuda senior de la Sareb, que se sitúa en 43.476 millones a cierre de 2015, está avalado por el Estado.

Los saneamientos que han supuesto mayor coste público han sido el de CX (12.676 millones), BFA/Bankia (12.347 millones), Banco CAM (11.065 millones) y Novacaixagalicia (9.159 millones).

El análisis de fiscalización del organismo pretende verificar que las actuaciones del FROB, los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) y el Banco de España, como supervisor del sistema bancario, entre 2009 y 2015 se adecuan a la normativa. Además, trata de comprobar los mismos aspectos sobre las medidas de seguimiento y control de la ejecución de los procesos de reestructuración.

Contratos deficientes

En su informe, el Tribunal de Cuentas apunta que, en líneas generales, la contratación del FROB se ha ajustado a la normativa, pero señala que en el proceso de fiscalización se han observado “insuficiencias o deficiencias” de tipo formas en la tramitación de los contratos. Desde su punto de vista, este hecho ha impedido “que quedara acreditado el cumplimiento íntegro de los principios que rigen la contratación del FROB”.

Destaca que el FROB “no definió un procedimiento para imputar los ingresos, los gastos y los costes” en los que se incurrió en cada proceso de resolución, algo que le habría permitido “el cumplimiento sin restricciones” de la ley.

“Una interpretación menos restrictiva habría conducido al FROB a deducir y retener importes mayores de los efectivamente deducidos y retenidos en los casos de Caja Rural Comarcal Mota del Cuervo, CX y NCG. Al margen de los casos anteriores, los gastos incurridos por el FROB en la transmisión del Banco Gallego y del Banco de Valencia no pudieron ser recuperados por el FROB al ser el precio de venta de ambas entidades de un euro”, precisa.

También indica que el FROB contrató a expertos independientes para elaborar las ‘due diligence’ y la valoración de CEISS y Liberbank antes de que estas entidades solicitaran formalmente apoyo financiero.

“Esta anticipación en la contratación de los estudios se aparta del criterio establecido en el Real Decreto Ley 2/2011 y provocó que los informes recibidos por el FROB, que costaron en conjunto 1,4 millones de euros, fueran innecesarios”, explica.

El Tribunal de Cuentas también incluye entre las deficiencias la contratación de una línea de crédito de disposición inmediata de 3.000 millones de euros por un periodo de dos años para atender situaciones de urgencia. Sin embargo, nunca llegó a realizar ninguna disposición de fondos, lo que le supuso un coste de 33 millones durante los años de vigencia.

Recomendaciones

Más allá de detallar las deficiencias e insuficiencias, el Tribunal de Cuentas enumera una serie de recomendaciones para el FROB que pasan por aprobar un documento regulatorio del proceso de venta de entidades afectadas por procesos de reestructuración o resolución en el que se establezcan las reglas básicas.

También aconseja al FROB y al Fondo de Garantía de Depósitos el establecimiento de un sistema de contabilidad analítica “que permita conocer de forma directa e inmediata” los recursos aplicados en cada uno de los procesos de reestructuración o resolución, así como los ingresos y gastos directamente imputables.

 

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