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El PP pide a la Junta que se reúna con los sanitarios y “dos hospitales completos” para Huelva

Csif aplaude las renuncias del viceconsejero de Salud y del gerente del SAS

Hospital Juan Ramón Jiménez

El Partido Popular de Huelva ha señalado que la Junta de Andalucía, tras anunciar la derogación de la fusión hospitalaria, debe reunirse “urgentemente” con los profesionales sanitarios de la provincia y rehabilitar los servicios suprimidos en los hospitales onubenses. En este sentido, el presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento, Manuel Andrés González, ha señalado que “Huelva le ha dicho a la Junta que quiere dos hospitales completos, con todas las especialidades y servicios”.

González ha incidido en que “no basta con que la Junta diga que va a parar la fusión, sino que hay que exigirle que los ciudadanos, cuando vayan a un hospital, tengan todas sus necesidades cubiertas, con todas las especialidades y no tengan que estar, en pleno siglo XXI, peregrinando de un centro a otro” al tiempo que ha señalado que la Junta debe publicar esta revocación en el BOJA y debe retirar el recurso contencioso—administrativo contra la sentencia del TSJA que anulaba dicha fusión para hacer efectiva la revocación.

Del mismo modo, el dirigente popular ha subrayado que la derogación de la fusión hospitalaria “es sólo una parte de las reclamaciones de la provincia de Huelva”, por lo que ha incidido en que la Junta, “aún tiene mucho por hacer para devolver a esta provincia la dignidad sanitaria que la ha quitado con su falta de inversión”. El sistema sanitario en Huelva, ha asegurado, “ha tocado suelo, y esta mala gestión de la Junta la están pagando los usuarios y los profesionales”.

Por ello, ha recordado que “Huelva sigue teniendo menos medios humanos y materiales que el resto de provincias, listas de espera quirúrgicas y de atención interminables, decenas de pueblos sin urgencias y sin ambulancias, no tenemos UCI Pediátrica ni Unidad Materno Infantil, o tres hospitales comarcales paralizados por la falta de compromiso e inversión prometidas hace 12 años por la Junta y centros de salud, como el de Isla Chica, que siguen siendo una promesa”.

Csif

Por su parte, el sindicato Csif, que ha celebrado la derogación de la fusión hospitalaria, ha aplaudido también las renuncias del viceconsejero de Salud, Martín Blanco, y del gerente del Servicio Andaluz de Salud, José Manuel Aranda, anunciados este martes por la Junta de Andalucía, al entender que ambos eran “obstáculos para la negociación entre la Junta y los sindicatos”.

No obstante, Csif reclama la apertura de nuevas negociaciones para solucionar los “acuciantes problemas” de la sanidad andaluza, “no únicamente tras la situación generada en Granada y en Huelva con las citadas órdenes, sino en el conjunto del Servicio Andaluz de Salud” y hace un llamamiento al diálogo entre las fuerzas sindicales, como “interlocutores legítimos” y representantes de los trabajadores, y la Administración.

El sindicato reclama también la convocatoria de una oferta de empleo público “realista y acorde a los graves problemas de personal que sufre la sanidad, y que están trasladándose a la calidad asistencial que reciben los ciudadanos andaluces, así como plantillas adecuadas a las necesidades de los centros sanitarios y hospitalarios”.

Como se recordará, Csif-A inició en diciembre de 2014 su batalla jurídica y sindical contra las fusiones hospitalarias interponiendo sendos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra las dos órdenes publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que oficializaban la unificación de las áreas hospitalarias de Granada y Huelva, paralizando incluso en los Tribunales la de Huelva hace unos meses.
En este sentido, el sindicato entiende que tras las dimisiones del viceconsejero de Salud y del gerente del SAS y la retirada de las órdenes de fusión, “comienza un nuevo espacio en las negociaciones para intentar solucionar los problemas de la sanidad andaluza entre la Junta y los sindicatos, legítimos representantes de los trabajadores y únicos interlocutores válidos de éstos en las negociaciones con la Administración”.

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