IU pide a las administraciones que se cree una oficina de asesoramiento por el Real Decreto de cláusulas suelo

Asegura que el pacto PP-PSOE-Ciudadanos "protege los intereses de la banca"

Isabel Lancha y Francisco Javier Camacho en rueda de prensa

Izquierda Unida va a llevar a los ayuntamientos y a las diputaciones una iniciativa institucional para que las administraciones locales, “las más cercanas a la población, se pongan del lado de los afectados por las cláusulas suelo  abusivas, creando oficinas para asesorar a la ciudadanía y ayudar a las miles de personas que la han sufrido a que puedan recuperar el dinero que les tienen que devolver los bancos”, según ha expuesto en rueda de prensa Isabel Lancha, integrante de la Ejecutiva Provincial de IU en Huelva.

Junto con Lancha, también ha intervenido Francisco Javier Camacho, responsable de Política Institucional de IU, quien ha denunciado que el Decreto del Gobierno, pactado por PP, PSOE y Ciudadanos, “no es para ayudar a las afectados, sino todo lo contrario, ya que le proporciona a los bancos un balón de oxígeno para que no tengan que devolver todo lo que han cobrado indebidamente”. Camacho advierte que el Decreto del Gobierno “le concede a los bancos un periodo de cuatro meses con las que paralizar las acciones judiciales que van a seguir perdiendo y así se podrán ahorran las costas judiciales que tendrían que abonar las entidades bancarias”.

Además, este Decreto, según IU, “pretende que los bancos, a cambio de pagar pronto mediante mecanismos extrajudiciales, se puedan ahorrar pagar los gastos que le imputaron indebidamente a sus clientes, considerados abusivos por una Sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2015”. Estos gastos son los ocasionados por registros de la propiedad, gastos notariales y actos jurídicos, “que no deberían haber asumido los clientes de créditos hipotecarios”.

Por ello, IU recomienda a los afectados que no renuncien a la vía judicial y que antes de entrar en el mecanismo recogido por el Decreto del Gobierno se asesoren en las asociaciones de consumidores o recurran a abogados. “Es por esto por lo que IU demanda a los ayuntamientos y a las diputaciones que se apresuren a poner recursos públicos a disposición de las miles de usuarios, que en Huelva se estima que sean entre 35.000 y 37.000”

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