UPA denuncia la “desidia” del Gobierno en la lucha por la sostenibilidad del sector lácteo

Alerta de la destrucción de efectivos productivos y pérdida de valor en la cadena

UPA dice que está parado el desarrollo del Acuerdo por la Sostenibilidad del Sector Lácteo

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado la “desidia” del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en cuanto al desarrollo del Acuerdo por la Sostenibilidad del Sector Lácteo, firmado hace más de año y medio, y le ha pedido “acciones efectivas” de cara a la próxima reunión que se celebrará este jueves en el Ministerio.

El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, ha explicado las claves que siguen “lastrando” la economía de los ganaderos de vacuno de leche. Por un lado, ha explicado, el Ministerio ya dispone de los datos sobre los precios de cesión proporcionados por el Real Decreto. “Agricultura ya sabe qué empresas destruyen valor en la cadena láctea y bajo qué prácticas lo hacen”, ha explicado Santalla, que ha añadido que el Ministerio “debe actuar ya y si no lo hace es porque no quiere”.

Por otro lado, Santalla dice que urge definir el concepto de sostenibilidad o de cadena láctea sostenible. “Difícilmente vamos a hacer cumplir el acuerdo si el concepto fundamental que lo articula está sin concretar”, ha manifestado el secretario de Ganadería de UPA. En su opinión, “el concepto de Productos Lácteos Sostenibles no se puede sostener sin establecer qué es sostenible y sin incorporar el concepto de origen, aspectos irrenunciables para la organización agraria”, ha señalado.

El secretario ha denunciado que, por estas razones, los precios de la leche cruda en España “siguen sin repuntar y alejándose de los mercados europeo e internacional”. Ha indicado, en este sentido, que “mientras que la media de precio en los países de la Unión Europea es de 0,33 €/Kg, en España estamos en 0,30 €/Kg, según los datos publicados por la propia Comisión Europea correspondientes al mes de diciembre”.

El resultado, denuncia, es “la destrucción de efectivos productivos, la pérdida de valor en la cadena, la falta de innovación y el perjuicio enorme para los consumidores a medio y largo plazo por una pérdida de competencia“. Para la organización agraria, el ejecutivo “debería tener en consideración todos estos elementos y actuar de forma inmediata”.

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