El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Vivienda, Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha abierto otro proceso de consulta pública, al objeto esta vez de empezar a elaborar con ello una nueva ordenanza reguladora de la gestión de las viviendas municipales de la capital, en la que quedará reflejado el régimen jurídico de acceso y de uso de dichas viviendas.
La concejala de Vivienda, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Esther Cumbrera, ha destacado que el principal objetivo de la nueva normativa es «abordar tanto la regulación del uso de las viviendas municipales en alquiler, conforme a su naturaleza y finalidad, como las ocupaciones mediante cambios de titularidad y otras formas de acceso a la propiedad en segundos o posteriores contratos de arrendamiento”. Según Cumbrera, “la situación económica de muchas familias onubenses, debido especialmente a las condiciones de empleo, ha hecho mucho más onerosa la carga que supone el pago de la renta de alquiler, por lo que hemos creído conveniente regular el procedimiento para la reducción temporal de la renta de alquiler a aquellos arrendatarios que hayan sufrido menoscabo en sus ingresos familiares”.
Adecuar las viviendas a las necesidades reales
La edil ha recordado que la Ordenanza Reguladora de las Viviendas Sociales Municipales actualmente en vigor, aprobada el 25 de abril de 2012, no aborda cuestiones como las condiciones de acceso a las viviendas en régimen de alquiler y su régimen de adjudicación o la posibilidad de permutas, «al objeto de garantizar la adecuación de la vivienda a las necesidades reales de la unidad familiar”. Un vacío legal que, a su juicio, «no cumple suficientemente los objetivos estatales y autonómicos encaminados a garantizar el acceso y el mantenimiento de una vivienda digna por parte de aquellos ciudadanos que cumplan los requisitos para ser beneficiarios de una vivienda protegida«.
La ordenanza también tendrá que contemplar la selección de las personas a las que van destinadas las viviendas protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, «respetando los principios de igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia, y con las excepciones que se establecen en el mismo». Asimismo, se incluirán cláusulas obligatorias en la redacción de los contratos de arrendamiento de vivienda protegida referentes a la prohibición de subarriendo total o parcial de la vivienda y a la obligatoriedad que recae en la persona arrendataria de ocupar la misma en el plazo máximo de tres meses desde la entrega de la vivienda.
Seguridad jurídica
“Queremos resolver ciertos problemas de seguridad jurídica y acercar la norma a los ciudadanos de Huelva para un mejor conocimiento de la titularidad, régimen jurídico y uso de las viviendas protegidas municipales”, ha destacado la concejala. Y, para ello, el Ayuntamiento ha abierto un proceso participativo de consulta a los ciudadanos, entidades y organizaciones afectadas, ofreciéndoles desde hoy, y durante el plazo de un mes, la posibilidad de presentar sus sugerencias a través de la web.
“Esperamos la máxima participación al objeto de que nos presenten sus opiniones sobre los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa y entre todos consigamos elaborar un desarrollo normativo que detalle y concrete algunos aspectos específicos del municipio de Huelva en cuestiones de vivienda”, ha concluido Cumbrera.
Escribe una respuesta