La Fiscalía de Huelva pide 18 años de prisión para el expresidente del Recreativo Pablo Comas por su gestión

El Trust de Aficionados Recreativistas ya solicitó 16 años y seis meses de cárcel

Pablo Comas con Ángel María Villar

La Fiscalía de Huelva ha pedido 18 años de prisión para el expresidente del Recreativo de Huelva, Pablo Comas, por su gestión realizada en los años en los que ha estado al frente del equipo.

El Trust de Aficionados Recreativistas hizo público el pasado 18 de mayo su acusación particular en la que solicita a Comas 16 años y seis meses de prisión, además de una multa de nueve meses a razón de 20 euros diarios “por los daños causados al Real Club Recreativo de Huelva SAD”, señala el escrito, en el que se detallan tres delitos de apropiación indebida, uno de corrupción en los negocios, uno de alteración de la contabilidad del club y otro de administración desleal.

El total de la pena interesada por esta acusación particular es de 16 años y 6 meses, una multa de 9 meses a razón de 20 euros el día y multa del triplo del valor del beneficio o ventaja obtenida. Además, este colectivo pide que se declare la nulidad del contrato de compra-venta de las acciones del Real Club Recreativo de Huelva por el cual se traspasaron desde el Ayuntamiento de Huelva a Gildoy España SL.

“Pedimos que el acusado y los responsables civiles sean obligados a reparar el daño producido y en su consecuencia indemnicen en la debida forma al Real Club Recreativo de Huelva S.A.D. con la cantidad de 2.933.000 euros más el 20% al ser delitos dolosos”, se indica en el escrito.

Por último, habiéndose interesado en su momento la fijación de fianza en la cantidad de 550.000 euros, determinada por el propio Juzgado de Instrucción, así como con posterioridad por la propia Audiencia Provincial, se pide que se requiera al acusado para que en el plazo de una audiencia deposite en la cuenta establecida al respecto la referida cantidad dineraria. En caso de no responder, en la forma interesada, la acusación particular pide que se proceda al embargo de todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del acusado, incluidas las acciones de su propiedad relativas a las empresas en las que participe, así como cuentas corrientes de entidades bancarias.

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