La Junta destaca su actuación en el vertido de la Mina de La Zarza y el PP la acusa de “eludir” su responsabilidad

Fiscal dice que se está a la espera de los últimos análisis para concluir el informe

La fuga de aguas mineras ha tenido lugar en el entorno del río Odiel, en el municipio de Calañas

El vertido que se produjo el 18 de mayo en la corta minera de La Zarza (Huelva) y la gestión realizada a partir del mismo, se ha abordado este lunes en el Parlamento andaluz, y mientras el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal,  ha asegurado que la rápida actuación de la Junta de Andalucía ha logrado minimizar los efectos del vertido, el PP ha lamentado que el Gobierno andaluz “eluda” en el Parlamento su responsabilidad.

En su intervención, Fiscal ha asegurado que “gracias a la rápida actuación de la Junta se puede afirmar que ya ha pasado la gravedad del vertido” y ha indicado que ahora se inicia un periodo de “estudio y reflexión” entre los distintos órganos de la administración y agentes relacionados con la materia para “analizar todas y cada una de las medidas que se puedan adoptar, para mejorar las zonas degradadas por la actividad minera, además de evitar, en lo posible, que se repita este tipo de episodios”.

Así mismo, la Consejería de Medio Ambiente está en coordinación con los responsables de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, la administración competente en materia de minas, para que plantee las posibles actuaciones a realizar en la zona minera en general, así como para la eliminación definitiva del volumen de agua retenida y confinada en las presas. Según Fiscal, “la autoridad minera deberá exigir la restauración de los daños causados”, mientras que Medio Ambiente “podrá sancionar a las empresas responsables por el vertido y exigir que se reparen los daños que se hayan ocasionado al medio natural”. Cabe destacar que la actividad minera en La Zarza, anterior a 1986, cesa en 1991, por lo que no estuvo sometida a ningún trámite de prevención ambiental. No obstante, de acuerdo con el Real Decreto (2994/1982) sobre restauración de espacio natural afectado por actividades mineras, la empresa debería haber aportado a la autoridad minera el Plan de Restauración y Estudio de Impacto Ambiental, “algo que no hizo”, ha indicado Fiscal.

La Junta actuó justo al día siguiente, cuando se realizó una visita de reconocimiento e inspección y comenzaron los trabajos de emergencia para contener el caudal y evitar así que llegara a aguas del Odiel

Durante su intervención, el consejero ha recordado que tras el vertido que se produjo el 18 de mayo, la Junta actuó “justo al día siguiente”, cuando “se realizó una visita de reconocimiento e inspección y comenzaron los trabajos de emergencia para contener el caudal y evitar así que llegara a aguas del Odiel”. De esta manera, se decide construir seis diques, incluyendo la presa antigua de la corta minera, además de efectuar mediciones topográficas de los niveles de agua en la corta y cálculo de cotas en la galería de desagüe de mina. Hay que señalar que ya el 21 de mayo el caudal vertido presentaba una considerable disminución, en torno al 75%, ha explicado el consejero.

Desde el primer momento se procedió también a la toma de muestras desde la propia salida de la corta hasta el río Odiel, las cuales se están examinando en el Laboratorio de Vigilancia y Control de la Contaminación de Huelva. Igualmente se han analizado las aguas en distintos puntos de la ría de Huelva, sin detectarse incidencias en ninguno de ellos, “más allá de un ligero descenso del PH, que no ha tenido consecuencias, y un aumento en determinados momentos de la coloración del agua”, ha concretado el titular de Medio Ambiente.

Fiscal ha explicado que el mismo día 19 la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio abrió un expediente sancionador por los hechos a Nueva Tharsis S.A.L y Ormonde España S.A, el cual se ha remitido a la Fiscalía. En esta línea, ha manifestado que para la valoración y tipificación de la sanción “es necesario conocer el volumen total de vertido y sus características físico-químicas, así como su influencia en el medio receptor”. No en vano, ha especificado, se ha solicitado un informe del total del agua que se ha detraído de corta para cuando se estabilice la cota de la misma y se reduzcan las pérdidas. Respecto a la composición del vertido, el consejero ha informado que se está a la espera de los últimos análisis para concluir el informe.

Es la primera vez que, ante un hecho tan grave, la Junta no comunica al representante legítimo de los vecinos los daños que ha producido un vertido de esta envergadura

El PP ha sido especialmente crítico con la gestión realizada por la Junta tras el vertido,  manifestando que “elude su responsabilidad” y ha criticado especialmente a al consejero en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz, argumentando que la Junta “se niegue a pedir disculpas al Ayuntamiento de Calañas por permanecer más de cinco días sin comunicar oficialmente los hechos, ni las medidas adoptadas, ni la gravedad del incidente, al representante legítimo de los ciudadanos”, ha señalado el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz y presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González. A su juicio, “la actuación del PSOE no nos coge de sorpresa” aunque ha añadido que es “la primera vez que, ante un hecho tan grave, la Junta no comunica al representante legítimo de los vecinos los daños que ha producido un vertido de esta envergadura, qué se estaba haciendo al respecto y que consecuencias podría tener”.

Por otro lado, el PP ha lamentado que la Junta “no aclare qué está haciendo para evitar posibles incidentes de este tipo en los numerosos yacimientos existentes en la provincia de Huelva y en los que podría repetirse, como en el caso de la Mina de La Zarza, la aparición de vertidos”.
González ha recordado que la Fiscalía “ha abierto diligencias ante una posible negligencia de la Junta de Andalucía, al menos de culpa in vigilando, debido a una posible falta de mantenimiento de la balsa afectada”. En este sentido, ha insistido en que a legislación minera exige a la Administración andaluza que tenga bajo control las cortas y depósitos de residuos mineros, así como que tenga localizadas las empresas dueñas de esas y disponga de un Plan de Inspecciones. “Queremos que la Junta garantice que no va a volver a ocurrir un hecho como el que ha ocurrido en La Zarza”, ha señalado González, que ha recriminado al consejero la falta de información a este respecto.

 

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