Facua ve “insuficiente” el nuevo bono social, que “no garantiza” un suministro mínimo de electricidad

Pide que se suspendan los cortes a las familias que no pueden pagar la factura

Para Facua, el nuevo bono social no resuelve el problema de la pobreza energética

Facua-Consumidores en Acción considera “injusto e insuficiente” el nuevo bono social presentado por el Gobierno a través del proyecto de Real Decreto por el que se regula el consumidor vulnerable de energía eléctrica, el bono social y las condiciones de suspensión del suministro para consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10 km. “No garantiza un suministro mínimo, no suspende los cortes por impagos a las familias que no pueden afrontar el recibo de la electricidad y vuelve a dejar un instrumento tan imprescindible como éste para paliar la pobreza energética en manos del mercado, y dependiente de sus fluctuaciones”, ha señalado.

La asociación ha presentado sus alegaciones al nuevo Real Decreto ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital dentro del plazo de participación pública abierto para tal fin. En su escrito, Facua recuerda que “mientras no se actúe sobre el precio de la electricidad y éste continúe sometido a los vaivenes del mercado y con un sistema que funciona de manera opaca y dudosa, se mantendrá la vulnerabilidad de los consumidores y no descenderán las alarmantes cifras de pobreza energética que se mantienen en España”.

La asociación considera que debería garantizarse un precio asumible del kilowatio, una reducción de los impuestos que gravan la factura de la luz, pues “es incomprensible que se le aplique el tipo general de IVA del 21%” y una paralización de los cortes de suministro por impago, “al menos en aquellos meses de temperaturas extremas en los que el acceso a la electricidad es esencial para preservar la salud de las personas”.

Bono social en manos del mercado

El bono social que plantea el Gobierno en este nuevo reglamento, según Facua, “vuelve a vincular su tarifa a un descuento en el precio semirregulado”, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Facua se opone a este sistema, e indica en sus alegaciones que no debería estar condicionado al funcionamiento de ninguna tarifa, dado que éstas dependen de la fluctuación del mercado, “por lo que se puede provocar que las familias vulnerables que se acojan a esta modalidad puedan seguir sin poder afrontar su factura de la luz”.

En su origen, el bono social consistió en la congelación de la Tarifa de Último Recurso (0,114730 euros por kWh y 1,675202 euros por kW de potencia contratada). A principios de 2014, el Gobierno decidió cambiar el criterio y lo dejó en un descuento del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC, que sustituyó a la TUR) de un 25%. Desde entonces se ha mantenido este sistema, que la asociación considera injusto y desproporcionado, “dado que si depende de los precios que el mercado imponga seguirá impidiendo el acceso de numerosas familias que atraviesan problemas económicos”.

Por otro lado, el descuento propuesto tampoco se aplicará a la totalidad del consumo, sino que se establecen límites según el tipo de familia que acceda a él, por lo que, “según las circunstancias, pueden quedar fuera familias en situaciones de necesidad”, denuncia la asociación de consumiodres.

Criterios restrictivos

Asimismo, los criterios para acceder a este “raquítico descuento” siguen siendo para Facua “extremadamente restrictivos”. Así, para ser beneficiario del bono social, se utiliza un criterio de renta basado en el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que conlleva demasiadas dificultades. Por un lado, lleva años sin actualizarse, y por otro, son valores extremadamente bajos. De hecho, según los datos publicados por la Seguridad Social en su web, el importe mensual de este valor es de 532,51 euros, mientras que el salario mínimo interprofesional es de 707,70 euros mensuales.

Por otro lado, para acogerse a la definición de consumidor vulnerable y por lo tanto optar al bono social, sólo se consideran los ingresos brutos, y no la renta disponible, “por lo que no se considera que el usuario tenga que hacer frente a otros pagos imprescindibles que limiten su disponibilidad para afrontar la factura de la electricidad, como pagos de hipoteca”.

Facua considera que estar en disposición del título de familia numerosa tampoco debería ser un criterio válido por sí mismo, “porque no discrimina las rentas que puedan percibir esas familias o las circunstancias económicas en las que vivan”. La asociación rechaza también el criterio para ser considerado consumidor vulnerable severo, dado que, “además de rebajar aún más los umbrales de renta, obliga al usuario a estar siendo atendido por los servicios sociales y que la Administración se haga cargo del 50% del pago de la factura de la electricidad” y añade que “vincular el reconocimiento de la condición de vulnerable severo a requisitos ajenos a la persona, como que la Administración se haga cargo de su situación, no es admisible”.

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