Familias numerosas adineradas accederán al bono social, pero no las de ingresos reducidos sin hijos

Facua denuncia el "insolidario" modelo diseñado por el Gobierno

Familias como la de la infanta Cristina o la hija de Aznar podrán acceder al bono social, según Facua

Facua-Consumidores en Acción denuncia el “insolidario” modelo de bono social diseñado por el Gobierno, que según ha señalado, “llega al extremo de que familias adineradas podrán acceder a él por el único hecho de ser numerosas, como la de la infanta Cristina y la de la hija del expresidente Aznar -si vivieran en España-, pero estará vetado para familias con muy reducidos ingresos y cuya renta disponible les provoque una situación de asfixia económica”.

Según Facua, las familias sin hijos menores de edad que ingresen más de 807 euros al mes no podrán acceder al bono social eléctrico que pretende implantar el Ministerio de Energía. “Y si cobran menos, el pequeño descuento del que podrán beneficiarse en la factura sólo afectará a los primeros 100 kWh que consuman cada mes”. Son dos ejemplos que para Facua, son un “aberrante modelo de bono social que no hará más que ayudar a seguir agravando la pobreza energética existente en España”.

La asociación ha mostrado su “absoluto rechazo” a los proyectos de real decreto y su orden de desarrollo presentados por el Gobierno, por los que se regularán la figura del consumidor vulnerable y el bono social. El Ministerio ha cumplido con el trámite obligatorio de exposición pública del proyecto de orden en pleno mes de agosto, lo hizo público el 2 de agosto y dio de plazo hasta el 18 para presentar alegaciones, que según Facua “ponen de manifiesto cómo la regulación llega a ser una disparatada pantomima”.

Quiénes podrán acceder

Con carácter general, para tener derecho al bono social, el Gobierno plantea que las familias sin hijos menores deben ingresar una renta no superior a 1,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que está actualmente en 537,84 mensuales. “Es decir, si en un hogar entran más de 807 euros al mes, no podrá accederse al bono si en él vive una persona, una pareja sin niños menores o una con hijos de más de 18 años, por ejemplo”, explica Facua.

Si en la unidad familiar hay un menor de edad, sólo se podrá acceder al bono social si los ingresos no superan el doble del Iprem, 1.076 euros mensuales. Si hay dos o más menores, el bono estárá restringido para las familias que ingresen no más de 2,5 veces el Iprem, 1.345 euros.

Para los pensionistas, el bono sólo podrá solicitarse si todos los miembros de la unidad familiar perciben la cuantía mínima vigente por jubilación o incapacidad permanente.

El bono ya no será accesible para los usuarios que tengan una potencia contratada inferior a 3 kW. “Eso sí, el Gobierno pretende que todas las familias numerosas sigan accediendo al bono social. No importarán sus ingresos”, insiste Facua, que denuncia que “se llegará a la aberración de que gente con elevado nivel adquisitivo se beneficiará de descuentos vetados para multitud de familias con pocos recursos. Incluso las mayores fortunas del país podrán disfrutar del bono social”.

Consumidor vulnerable severo

El proyecto normativo introduce la nueva figura del consumidor vulnerable severo, para el que los descuentos serán del 40% en lugar del 25%. Pero para entrar en esta categoría, indica Facua, “los límites de ingresos son el doble de restrictivos, llegándose al extremo de que una familia sin hijos menores que sólo ingrese 400 euros al mes no sería considerada vulnerable severa”.

Así, según el proyecto, serán consideradas vulnerables severas las unidades familiares sin menores que no superen 0,75 veces el Iprem, es decir, 399,38 euros. También lo serán las unidades familiares con un menor o en las que todos los miembros con ingresos sean pensionistas, cuando no superen el Iprem – 537,84 euros-. Y en tercer lugar, las familias con dos menores que no superen 1,25 veces el citado índice -672,30 euros-.

Pero además, el nuevo bono social que quiere implantar el Gobierno trae otros recortes, explica la organizació de consumidores. Si el vigente representa un descuento del 25% sobre el importe de la factura de los usuarios, el nuevo supondría la misma reducción, pero con un límite en los kWh consumidos. Así, una unidad familiar sin menores sólo tendría bonificados los primeros 1.200 kWh que consumiese al año. Se trata de una media de sólo 100 kWh mensuales, frente los 366 kWh que consume el usuario medio en España, según los análisis de Facua.

La unidad familiar con un menor tendría bonificados los primeros 1.680 kWh consumidos en el año, las familias con dos menores y los pensionistas con derecho al bono los primeros 2.040 kWh. En cuanto a las familias numerosas, explica Facua, el límite es mayor: 3.600 kWh, lo que representa nuevamente una contradicción: una familia numerosa con cinco miembros -sea cual sea su nivel adquisitivo- tendrá bonificado el triple que, por ejemplo, una pareja de parados que vivan con uno de los suegros y dos hijos mayores de edad.

Alegaciones

Facua ha presentado una serie de alegaciones, que “además de criticar los excesivos límites de ingresos establecidos para acceder al bono social, apuntan a la falta de garantías de los usuarios a la hora de solicitarlo”. En este sentido, la asociación critica que únicamente se tengan en consideración los ingresos brutos y no la renta disponible “tras hacer frente a otros pagos esenciales como los propios de la vivienda (alquiler, hipoteca…), el suministro de agua”. También se muestra contraria a que se tome como referencia el Iprem, que sustituyó al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como índice de referencia, y que hace años que no se actualiza. De hecho, en la actualidad el Iprem es de 532,51 euros, mientras que el SMI es de 707,70 euros.

Facua también ha presentado una alegación contra la “indefensión” que genera en el ciudadano “el hecho de que, a pesar de existir distintas vías para solicitar el bono social, no en todos los casos se prevé facilitar al solicitante un justificante, certificado, código de referencia o comprobante que demuestre que dicha solicitud se ha realizado. Así ocurre en los casos de presentación telefónica, por fax o mediante envío postal de la misma”.

Además, la asociación se muestra totalmente contraria a la pretensión de que las familias tengan que poner a disposición de las compañías eléctricas datos protegidos, como es el caso de sus declaraciones del IRPF.

Facua denuncia que esta provisionalidad, que se traduce en “inseguridad” para los consumidores, “es producto de la irresponsable demora del Gobierno para regular el bono social”.

 

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