Hay un dicho popular que dice: «Cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue». Esto es lo que debe ocurrirle al presidente y vicepresidente de la Generalidad de Cataluña que han demostrado a lo largo de muchos años que además de tontos son tercos arrastrando a toda una región y a un país a una crisis sin precedentes.
La economía española lleva tres años creciendo por encima del 3% anual y la reciente revisión en el mes de junio por Banco de España al alza de las proyecciones de crecimiento sobre la economía española, elevando hasta el 3,1% su previsión de crecimiento del PIB para el 2017 y al 2,5% en 2018 indicaban que la actividad económica avanza a buen ritmo. En el mismo informe de proyecciones se establecía una mejora del empleo y una disminución de la tasa de paro a finales de 2019.
Sin embargo, el FMI ya ha advertido que una prolongada incertidumbre en Cataluña podría pesar sobre la confianza y las decisiones de inversión. Son muchos los analistas que indican que la actual crisis política en Cataluña conlleva un escenario económico de gran incertidumbre, tanto en Cataluña que sería la principal perjudicada como en el resto de España.
La independencia para Cataluña supondría una pérdida de PIB muy importante, caería entre un 25% y un 30% -hasta 63.000 millones-, según indicó recientemente el ministro de Economía, Luis de Guindos. Por otra parte, una hipotética salida de España convertiría al euro en una moneda extranjera en Cataluña, lo que supondría un encarecimiento de sus exportaciones y una creciente disminución de su competitividad.
Estar fuera de la UE, supone dejar fuera del Banco Central Europeo a las entidades financieras domiciliadas en el nuevo estado y fuera de la Unión. Esto está produciendo que las entidades catalanas estén cambiando su domicilio. Tenemos que recordar que BCE es la entidad que garantiza la liquidez del sistema bancario de la UE y da líneas de crédito que han permitido a muchas entidades financieras sobrevivir a la crisis económica.
La pérdida de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE es otra consecuencia de estar fuera. Estos fondos se destinan en su mayoría a cuatro ámbitos de inversión, esto es, innovación, infraestructuras y comunicaciones, medio ambiente y desarrollo local y urbano. Según datos de la Comisión Europea, Cataluña se beneficiará de un total de 2.015 millones de euros durante el período 2014-2020 procedentes de fondos estructurales en concepto de política regional y cohesión.
La prima de riesgo de España comenzó el mes de septiembre cerca de la barrera de los 100 puntos básicos hasta situarse en los últimos días por encima de 124 puntos.
La prima de riesgo (riesgo soberano) es la diferencia entre la rentabilidad del bono español a 10 años y el bono alemán. Se trata por tanto, del sobreprecio que el Estado tiene que pagar cuando acude a los mercados para financiarse. De forma que más riesgo del país implica más rentabilidad para los inversores que adquieran su deuda y por tanto un coste de financiación superior para el Estado. Como vemos la crisis política catalana afecta directamente a la economía del país, y una de las consecuencias es lo que concierne a la financiación en la última subasta el Estado Español logró obtener financiación sin problemas, pero tuvimos que pagar el dinero más caro. Y eso, pese a que los analistas de JP Morgan enviaron una clara advertencia a sus clientes que debían vender deuda española. Por contra, la que parece estar tocada es la deuda catalana, la agencia S&P degrada a B la nota de Cataluña, hundiéndola por debajo, incluso, del «bono basura».
Otro sector que está seriamente afectado por el proceso independentista es el turismo, ya el ministro de Turismo, Álvaro Nadal, aseguró hace unos días que el crecimiento del turismo en Cataluña se está ralentizando.
Toda esta menor actividad económica por la fuga de empresas y por la desconfianza de los inversores, supondrá un decrecimiento del empleo en Cataluña. Según un estudio de Societat Civil Catalana estima en 447.000 los empleos que se destruirían. Aunque la fuga de empresas no es un fenómeno nuevo, si es cierto que en los últimos días las más emblemáticas están saliendo del paraguas de la comunidad cambiando su domicilio social lo que implica una pérdida en la tributación por IS de más de 1.000 millones de euros.
Por otra parte, la agencia de calificación S&P ha mantenido sin cambios el rating del Reino de España y también su perspectiva positiva, sin incrementar la nota como ha ocurrido con otros países y eso pese a las expectativas de crecimiento de nuestra economía. En mi opinión, España no recupera el rating A debido a la rebelión de la Generalidad que se ha convertido en el gran escollo para conseguirlo. Una mejora del rating de España podría tener un impacto positivo directo sobre empresas españolas con perspectiva positiva, sin embargo, creo que va a ser difícil un aumento de nota para aquellas que tengan que calificarse durante este mes de octubre.
Estos son algunos de los impactos que tendría el proceso independentista, y aunque el Gobierno ha dicho través de la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría: «Puigdemont hace tiempo que vive fuera de la ley y de la realidad», en referencia a nuestro refrán podemos decir que la linde se ha acabado, pero el tonto sigue.
Lorenzo Jiménez Márquez
Economista
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