El Partido Popular de Huelva ha denunciado la falta de inversiones y recursos por parte de administraciones como la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Huelva hacia las políticas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Así lo han destacado hoy tanto el presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, como la portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda.
El presidente del PP de Huelva ha puesto el acento en la falta de inversión de la Junta de Andalucía y ha recordado la reciente aprobación de la Ley de Discapacidad de Andalucía que “no cuenta con presupuesto para llevarla a cabo y da la espalda al sector en ámbitos tan fundamentales como la educación, el empleo y la accesibilidad”. El dirigente popular, asimismo, ha señalado que el Gobierno de Susana Díaz “solo ha tenido en cuenta el 10% de las 111 enmiendas propuestas por el PP, obviando las más relevantes referentes a la garantía de derechos”.
Esta actitud del PSOE, que ha contado con la complicidad de C’s, ha culminado con un texto “en el que no aparecen medios ni recursos para mitigar el 80% de desempleo que soportan las personas con diversidad funcional en Andalucía, que siguen siendo los grandes olvidados de la Junta”.
Por tanto, ha añadido González, “esta Ley se ha quedado en una mera declaración de intenciones sin presupuesto que garantice su financiación y cumplimiento, tal y como contemplaban las medidas del PP que fueron rechazadas”. Así, ha indicado que “a la Junta se le llena la boca a la hora de hablar de discapacidad pero luego no acompaña ese discurso con dinero y recursos para la discapacidad”.
Pero no solo hay carencias en cuanto a la Ley de Discapacidad. Los populares también han advertido de problemas en la Atención Temprana, en la negativa de la Junta a reconocer como centros específicos en demencia a aquellos centros que tratan a personas con Alzheimer o las continuas deudas que la Junta sigue sin saldar con los centros especiales de empleo.
Mención aparte, ha señalado González, merece la implicación del Gobierno andaluz con la Ley de Dependencia. En este sentido, ha manifestado que “la Junta debe mejorar la atención a las personas dependientes y agilizar los tiempos para dar respuesta en tiempo y forma, ya que consideramos que la Administración autonómica desarrolla una lamentable gestión de las políticas sociales en Andalucía”. En Andalucía hay 380.000 solicitudes, de las cuales están valoradas 350.000, una cifra muy inferior a la media nacional. Además, de las 284.446 personas valoradas con derecho a prestación, únicamente 188.532 la reciben, por lo que casi 100.000 personas aún siguen en lista de espera.
Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda, ha puesto el foco en la capital onubense, en la que casi 15.000 personas tienen algún tipo de discapacidad. Para Miranda “estas personas deben tener garantizados sus derechos básicos a la educación, el empleo o la accesibilidad”.
Así, ha afirmado que “las administraciones deben trabajar juntas para que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad, para que tengan una verdadera igualdad de oportunidades y, para ello, es necesario que se eliminen las barreras arquitectónicas, laborales, sociales y de la comunicación”. Miranda ha sostenido que “en Huelva sigue habiendo muchas barreras y “es necesario que se aborde la eliminación de las mismas para que las personas con discapacidad tengan una mejor calidad de vida, ya que ellas tienen muchas capacidades”.
Asimismo, ha subrayado que “afortunadamente, en nuestra ciudad, existen diferentes asociaciones del sector que prestan una gran ayuda pero es necesario que las administraciones se dispongan a ayudarlas, a escucharlas para detectar los problemas y a poner en marcha medidas que sean reales y efectivas para resolver las cuestiones”. “Estas asociaciones necesitan espacio para poder desarrollar sus proyectos, por lo que las administraciones deben facilitárselo y necesitan subvenciones porque, al fin y al cabo, trabajan para suplir, en muchos casos, la inoperancia de la administración”, ha recalcado.
Debido a la poca financiación que tienen los colectivos como aportación de las administraciones públicas, ha agregado la portavoz popular, “las asociaciones se ven obligadas a buscar financiación privada o a realizar acciones para conseguir fondos mediante la solidaridad de la población, lo cual les distrae de su objetivo fundamental, que es trabajar para conseguir una mejor calidad de vida para el colectivo al que representan”.
Desde el PP, ha subrayado Miranda, “estamos llevando a cabo un estudio exhaustivo de las necesidades del sector para que a las distintas administraciones puedan llegar iniciativas dirigidas a la eliminación real de barreras y a la igualdad de oportunidades”. En este sentido, ha señalado que “desde el PP estamos haciendo este estudio con ellos, escuchándolos, porque llevamos muchos años en los que la administración andaluza, por ejemplo, no escucha y hace invisibles a estas personas y nadie mejor que ellos conocen la solución a sus problemas, porque son los que los padecen”.
Igualmente, ha considerado necesario que las administraciones cumplan la legalidad vigente. En este sentido, la popular ha señalado que La Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana marcaba como plazo máximo el 4 de diciembre de 2017 para garantizar que todo espacio y edificio público sea accesible”. Así, ha indicado que “lo anunciamos hace dos meses, exigiendo al alcalde de Huelva que actuara, ya que los espacios municipales no están adaptados, como por ejemplo, los propios baños del Ayuntamiento”.
Por último, Miranda ha denunciado que “el Ayuntamiento de Huelva tampoco tiene Plan de Accesibilidad, por lo que es necesario que, de una vez por todas, haya un interés real por trabajar a favor de este colectivo y cumplir la normativa vigente”. Para el PP, “el instrumento más útil para conseguir incorporar la accesibilidad en toda la gestión municipal con un enfoque transversal, preventivo y participativo es el Plan de Accesibilidad”.
Señalan que la Junta “habla mucho de discapacidad pero no acompaña su discurso con inversiones y con recursos”
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