Administraciones y sector fresero coinciden en la coordinación para solucionar los asentamientos

Grávalos pide un "esfuerzo compartido" para buscar alternativas

Vista general del asentamiento de Lepe

La Junta de Andalucía, el Gobierno central y el sector fresero coinciden en la necesidad de la coordinación de todas las administraciones competentes para solucionar el problema de los asentamientos.

Así lo han manifestado el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, un día después de que la Mesa por la Integración presentara el informe ‘Análisis de la realidad de asentamientos en la provincia de Huelva‘, y solicitara “una implicación real” de todas las administraciones para acabar con los asentamientos y “dignificar” la vida de las más de 2.500 personas que viven en ellos en época álgida de la campaña agrícola.

El consejero, que ha presidido en Huelva la Mesa de los Frutos Rojos, ha asegurado que se trata de una “situación preocupante”. Por ello, considera necesaria la colaboración y coordinación entre todas las administraciones porque “es una labor de todos, del Gobierno central, de los empresarios y del sector” y considera que “hay que seguir avanzando en esta colaboración y en esa contratación en origen”.

Por su parte, el gerente de Freshuelva ha manifestado que este tema “viene de largo” y las competencias las tienen distintas administraciones al estar ubicados estos asentamientos en distintos lugares y ha señaldo que no cree que el sector “haya provocado un efecto llamada” al publicar las ofertas de empleo.

Sobre el planteamiento de las entidades sociales, que han criticado que contraten en origen y no a estas personas, Domínguez ha manifestado que “hay que hacer distinciones, donde entran las organizaciones y donde entran los permisos, ya que muchas de estas personas, para ser contratadas, requieren un contrato de un año de trabajo en un cultivo que no es anual”. Es por ello que considera “complicado” regularizar la situación de estas personas. “Es una cuestión de normativas que las ponen las administraciones”, ha señalado.

Por otra parte, la subdelegada del Gobierno en Huelva ha pedido también un “esfuerzo compartido” por todas las administraciones “para plantear y desarrollar alternativas a los asentamientos desde la colaboración leal y el respeto al ámbito competencial de cada administración”. Grávalos ha recordado que las competencias de la Administración General del Estado se circunscriben, principalmente, a la seguridad y los permisos de residencia.

La subdelegada ha destacado la labor que desarrollan en la provincia onubense organizaciones no gubernamentales que atienden a los inmigrantes que viven en estos lugares, como Cruz Roja, Cepaim, Huelva Acoge o Fecons, a las que el Gobierno ha destinado más de 1,5 millones de euros.

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