PSOE pide equiparar los sueldos de funcionarios de Huelva de la Administración del Estado a los de la Junta

La diputada Pepa González Bayo quiere que el Ejecutivo de Rajoy exponga si tiene previsto que estos trabajadores recuperen los derechos laborales perdidos
La diputada nacional por el PSOE de Huelva, Pepa González Bayo, ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta para conocer si el Gobierno central tiene previsto equiparar el sueldo de los 1.682 funcionarios que trabajan para la Administración General del Estado de la provincia con el resto del país. “Los funcionarios reclaman que sus salarios sean iguales a los de los trabajadores dependientes de las comunidades autónomas, una reivindicación que es justa”, ha calificado la dirigente socialista.

Según informan los propios funcionarios, un empleado público del Estado puede percibir hasta un 25% menos de sueldo por desempeñar la misma labor que un trabajador de la Junta, perteneciendo a la misma categoría profesional. La diferencia salarial oscila, según el estudio del sindicato, entre un 12% y un 26% menos, dependiendo del grupo profesional. Según la categoría, la horquilla refleja en Huelva diferencias del 12%, el 14%, el 21% o el 26% que, traduciéndolo en cifras concretas, pueden suponer entre 4.500 y 7.500 euros menos al año para el personal funcionario, y entre 2.500 y 4.500 euros menos para el personal laboral.

Por ello, los funcionarios han emprendido movilizaciones bajo el lema ‘Igual trabajo, igual sueldo’, “con las que persiguen recibir el mismo trato independientemente del lugar donde residan, como también piden los funcionarios de prisiones y como también pidieron los funcionarios policiales, de los cuerpos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Por otro lado, la diputada socialista también ha preguntado en la Cámara Baja si el Ejecutivo de Rajoy tiene previsto recuperar los derechos laborales perdidos, como la eliminación de los descuentos en los salarios por las bajas laborales, medidas de conciliación laboral y familiar y flexibilidad horaria, una carrera profesional propia y el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo de la Administración General del Estado.

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