PP: “La Junta provoca el archivo del fraude de la Formación pese a los claros indicios de delito”

El juez sostiene en el auto que se inflaron facturas y que hay indicios de prevaricación y malversación

Duarte señala que la Junta defiende en los tribunales al PSOE por encima de los intereses de los ciudadanos

El Partido Popular de Huelva ha lamentado hoy que la Junta de Andalucía haya provocado el archivo del fraude de la Formación en Huelva pese a los indicios de prevaricación y malversación resaltados por el juez en el auto de archivo.

El juzgado de Instrucción Nº 5 de Huelva ha archivado la investigación por el fraude de la formación en esta provincia obligado por la retirada de las acusaciones de la Junta y de la Fiscalía. A pesar del archivo, como ha destacado el portavoz de la Dirección Provincial del PP, Juan Carlos Duarte, “el juez mantiene que existen indicios suficientes de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la gestión de las ayudas por parte de altos cargos y trabajadores de la Consejería de Empleo en Huelva”. Así, ha recordado que “en el auto del archivo el juez señala que se inflaron facturas y se llegaron a pagar 2.000 euros en pimentón y paquetes de folios a 50 euros”.

Como advierte el PP de Huelva, el juez cuestiona los argumentos de la Junta de Andalucía para retirar la acusación y se pregunta si los hechos que considera normales y totalmente legales se permitirían en una empresa privada. Se refiere expresamente a la concesión de subvenciones a empresas que no cumplen con los requisitos exigidos para ello o a empresas que tenían deudas por subvenciones anteriores y deudas con la Seguridad Social.

Para Duarte, “el gobierno de Susana Díaz vuelve a demostrar que no actúa en los tribunales en defensa de los intereses de los andaluces sino con una clara voluntad de exculpar y defender a miembros de su partido que se aprovecharon del dinero público así como de tapar la actuación irregular y la falta de control por parte de la Consejería de Empleo”.

Por último, ha señalado que “nadie en el PSOE ni el gobierno andaluz explica a los andaluces quién ha dado la orden para que los servicios jurídicos que pagamos todos no defienden el interés general para recuperar el dinero defraudado”.

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