El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado a España a pagar una suma de 12 millones de euros por incumplir las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas e impondrá una multa coercitiva de 11 millones de euros por cada semestre que persista el incumplimiento a partir de este miércoles, 25 de julio.
El caso se remonta a 2010, cuando la Comisión Europea llevó al Estado ante la Justicia europea tras haber comprobado que varias aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes no disponían ni de sistemas colectores ni de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas. El TUE confirmó el incumplimiento en una sentencia dictada en abril de 2011.
8 núcleos urbanos andaluces no cumplen la normativa
Las ciudades o urbanizaciones infractoras señaladas por Bruselas son Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja, Barbate, Gijón este, Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo, Benicaró, Peñíscola, Teulada-Moreira, Valle Guerra noreste y Valle de Güímar, estas dos ultimas en Canarias.
Llevábamos advertidos por Europa desde 1991. Toda localidad española mayor de 15.000 habitantes debía depurar adecuadamente sus aguas residuales. Nos sacaron varias tarjetas amarillas, la primera en 2011; la última en noviembre de 2016. Aún así, la desidia de la administración ha triunfado y, a día de hoy, nueve aglomeraciones urbanas de nuestro país aún no cumplen con la normativa europea 91/271, por lo que el Tribunal Europeo de Justicia nos ha puesto una multa de 12 millones de euros, a la que se suma una indemnización de 11 millones de euros semestrales hasta que se resuelva la situación.
El Ejecutivo comunitario denunció de nuevo a España el año pasado porque el Estado seguía sin cumplir la sentencia en 17 aglomeraciones y solicitó una multa coercitiva de 171.217 euros por cada día de retraso y una suma a tanto alzado de 19.303 euros por cada día transcurrido entre la fecha de la sentencia de 2011 y su plena ejecución.
En la sentencia de este miércoles, el TUE declara que España no ha cumplido su obligación de acatar la sentencia de 2011 porque al finalizar el plazo fijado por la Comisión Europea para su ejecución (31 de julio de 2013), las 17 aglomeraciones seguían sin disponer de sistemas colectores y de tratamiento de aguas residuales urbanas.
En 2011 había 37 núcleos de población incumpliendo la norma. A finales de 2016 aún quedaban 17 ciudades y hoy, el día en que el Tribunal Europeo de Justicia ha emitido su segunda resolución, quedan nueve localidades que aún vierten sus aguas al mar sin tratarlas como se requiere.
El tribunal de Luxemburgo ha argumentado que la inexistencia de sistemas colectores o de tratamiento de aguas residuales pueden perjudicar el medio ambiente y deben considerarse «incumplimientos graves». Además, ha subrayado que, a pesar de los esfuerzos «significativos» de España, el carácter «especialmente prolongado» de la infracción constituye «una circunstancia agravante».
En este sentido, indica que la plena ejecución de la sentencia de 2011 no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años con respecto al plazo que fija la directiva (31 de diciembre de 2000).
El TUE también ha señalado que el número de aglomeraciones y los numerosos procedimientos por incumplimiento incoados contra España «justifican la adopción de una medida disuasoria» para evitar «que se repitan en el futuro infracciones análogas».
12 millones de euros por incumplir las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y además, tendrá que abonar otra multa de 11 millones por cada nuevo semestre de incumplimiento
¿De dónde va a salir el dinero para pagar esta multa? De los presupuestos del Estado. ¿Quién financia los presupuestos? Los ciudadanos. Los mismos que venimos pagando religiosamente en el recibo del agua la tasa para la depuración de vertidos. ¿Por qué no pagan esta multa los responsable con sus sueldos?