Denuncian el gasto “desorbitado” para reparar la piscina de la cárcel de Huelva cuando hay “otras prioridades”

Csif recuerda que los funcionarios sufren recortes y critica el estado de las instalaciones

Centro penitenciario de Huelva

El sindicato Csif denuncia el gasto “desorbitado” para reparar la piscina de los internos del centro penitenciario de Huelva “mientras los funcionarios siguen sufriendo recortes” y lamenta que la Administración priorice la puesta en marcha de estas instalaciones cuando “los trabajadores tienen sueldos recortados, plantillas deficientes y mobiliario e instalaciones en un estado lamentable con más de 25 años”.

El sindicato explica que tras el cambio de Gobierno, las autoridades penitenciarias “han considerado que es el momento para poner en funcionamiento nuevamente las obsoletas instalaciones de la piscina de la prisión de Huelva que fueron clausuradas en el año 2012 debido a su estado de deterioro y el elevado coste de su mantenimiento para las arcas públicas”. Así lo ha denunciado el sindicato CSIF, que ha podido saber cómo la pretensión de la Administración es reparar la piscina de 25 metros de largo y 12 de ancho, con el vaso totalmente agrietado, y que según la central sindical es “inviable desde el punto de vista medioambiental por las enormes fugas de agua”.

Al montante de las reparaciones, indica Csif, habría que sumar la compra de una nueva depuradora, con un coste aproximado de 40.000 euros según las propias empresas del sector, “además de los gastos de mantenimiento que para una instalación de estas características rondarían los 10.000 euros por temporada”. Según CSIF, este supuesto no ha querido ser confirmado por los responsables del centro.

Frente a este “gasto desorbitado” y una medida que la central sindical tacha de “errónea, innecesaria y fuera de lugar”, la Administración “no ha sido capaz de restablecer los servicios básicos suprimidos durante los años de crisis” y añade que “las retribuciones de los empleados públicos “sufrieron una merma del 5% en el año 2010, cuantía que no ha sido restituida a día de hoy”.

Csif recuerda, además, que el reparto de medicación psicotrópica se realizaba diariamente durante los fines de semana, pero este servicio fue suprimido “con las graves consecuencias que ello conlleva para la salud de los internos y la seguridad de los trabajadores”. También se dejó de prestar el servicio de limpieza en las zonas de seguridad y “eso supuso el despido de cuatro trabajadoras que realizaban esa labor que aún no ha sido reestablecido”.

En cuanto a personal, el sindicato denuncia que la plantilla sufre una merma importante de efectivos, según los últimos datos de los que dispone CSIF, con 34 puestos sin cubrir. Esta situación provoca que esas funciones tengan que asumirlas otros departamentos “con el consiguiente deterioro en la calidad del servicio”.

El centro penitenciario, indica el sindicato, tampoco dispone de fontanero ni de monitora de lavandería, “lo que supone que en determinados casos sean los internos quienes tengan que realizar estas labores para las que no se encuentran capacitados”.

Instalaciones obsoletas

Por otra parte, las “deficiencias estructurales” del centro penitenciario son “importantes” tal y como explica la central sindical. En este sentido, explica que el ascensor que da acceso a la zona de oficinas está fuera de servicio desde hace años, “lo que ha motivado la adaptación del puesto a varios trabajadores que no pueden acceder por las escaleras”.

Además, la mayoría del mobiliario “tiene una antigüedad que ronda los 25 años y parte del mismo es reciclado, en un taller propio, a base del despiece de material de desecho”. El resultado es “un mobiliario defectuoso para unas dependencias que se utilizan durante las 24 horas”, lamenta Csif.

Por otro lado, asegura que “las taquillas del vestuario de funcionarios están en un estado lamentable, los programas de prevención de plagas no consiguen su objetivo por falta de saneamiento, las obras de abastecimiento de agua que están en ejecución se están prologando durante años y éstas son tan sólo algunas de las deficiencias en las instalaciones de la prisión”.

Por todo ello, Csif entiende que la Administración “debe poner a disposición de los reclusos una serie de servicios y dotaciones básicas, pero entre ellas consideramos que no debe estar una piscina, máxime cuando otras necesidades de primer orden no han sido atendidas”. Indica que si bien se pretende realizar un tratamiento en estas instalaciones, “antes se debería priorizar a la hora de realizar una inversión de semejante calado y con el coste de mantenimiento que llevará aparejado cada año”.

Finalmente, Csif pide “la paralización de las obras y la redistribución de esos fondos para demandas de primera necesidad que ya hemos solicitado en diferentes ocasiones a los responsables del centro”.

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