Marina Álvarez pide “tolerancia cero” con las agresiones y reitera el compromiso del SAS

Andalucía fue la primera comunidad en poner en marcha en 2005 el Plan de Prevención y Atención de Agresiones

En 2017, se produjeron en Andalucía 1.115 agresiones a profesionales en los centros, se realizaron 164 asistencias letradas y se lograron 154 sentencias condenatorias, 32 de ellas como delitos de atentado

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha reiterado hoy en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía la “sensibilidad y compromiso” del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con las agresiones a profesionales. “Se trata, sin duda, de un tema muy sensible, que ha aumentado en los últimos años en todas las comunidades, y que exige una respuesta de toda la sociedad en su conjunto”, ha afirmado la consejera. “Nuestro objetivo es conseguir un estado de tolerancia cero frente a las agresiones, y para ello ponemos todas las medidas y medios que sean necesarios”, ha dicho.

Álvarez ha recordado que Andalucía fue la primera comunidad en poner en marcha en 2005 el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz y que desde entonces también cuenta con el Registro Informático de Agresiones (RIAC).

Este plan, como ha explicado la titular de Salud, establece un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario. Incluye la asesoría jurídica al personal agredido, el apoyo psicológico si lo estima conveniente, así como formación y diferentes medidas y protocolos con el objetivo de prevenir y minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir los profesionales en sus centros de trabajo.

 “El plan de prevención y atención a agresiones cuenta con el consenso y apoyo de organizaciones sindicales, organizaciones colegiales, y asociaciones de consumidores y usuarios, además de estar en sintonía con las directrices establecidas por la Organización Internacional del Trabajo y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo”, ha aseverado Marina Álvarez.

Balance del plan de agresiones

Desde que se puso en marcha el plan hasta la fecha, como resultado de la asesoría jurídica, el SAS ha logrado más de 2.500 sentencias condenatorias por agresiones a profesionales, de las que 163 han sido tipificadas como delitos de atentado.

En este sentido, la consejera de Salud ha querido destacar “el empeño de esta Administración y el trabajo conjunto realizado con el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para conseguir que estas agresiones puedan ser consideradas como delito de atentado”. “Los órganos judiciales han demostrado una gran sensibilidad hacia este asunto y muestra de ello es el aumento del número de condenas de este tipo durante los últimos años”, ha enfatizado.

En 2017, se produjeron en Andalucía 1.115 agresiones a profesionales en los centros, se realizaron 164 asistencias letradas y se lograron 154 sentencias condenatorias, 32 de ellas como delitos de atentado. La tasa de agresiones, por tanto, fue de 11,43 por 1.000 profesionales, un dato que se sitúa por debajo del registrado en el Sistema Nacional de Salud.

De enero a junio de 2018, el número de agresiones físicas registradas es de 124, dos menos que en el mismo periodo del año anterior. Mensualmente se realiza un completo análisis de las agresiones físicas y verbales ocurridas en el SAS y en los casos de repuntes anormales se insta al centro para su investigación.

La consejera también ha expuesto que los centros sanitarios cuentan con elementos de seguridad para asegurar un ambiente de confianza a profesionales y usuarios, tales como dispositivos de alarma o interfonos en consulta, videocámaras de seguridad, salidas alternativas en consulta, instalación de software antipánico en ordenadores o personal de vigilancia.

Asimismo desde 2008, el SAS imparte el curso online de Control de Situaciones Conflictivas. Hasta finales de 2017 se han formado a un total de 54.056 profesionales. “El objetivo es que el mayor número posible de profesionales cuente con las habilidades sociales necesarias para evitar y abordar situaciones de conflicto en su relación con los usuarios”, ha explicado.

En la misma línea, en diciembre del pasado año 2017, se difundió el procedimiento de “Cambio de oficio de profesional de medicina de familia y/o pediatría para la salvaguarda de la buena relación con la ciudadanía”. En él se describe las actuaciones y recomendaciones a seguir ante la aparición de situaciones de conflicto en la relación entre profesionales -medicina de familia y pediatría- y ciudadanía en el ámbito de la atención primaria.

“Dado que la relación y el trato adecuado del profesional al paciente y viceversa es un deber de ambas partes, es importante diseñar estrategias de abordaje que disminuyan estos encuentros difíciles”, ha insistido la consejera.

Nuevas medidas antiagresiones

Durante este año 2018, con el fin reforzar y potenciar las medidas de seguridad relacionadas con la formación, en los centros con mayor incidencia de agresiones se está desarrollando una nueva actividad formativa denominada Taller para la Prevención de Agresiones a profesionales. Esta actividad está planteada para dotar a los profesionales de técnicas para enfrentar las situaciones de agresión, procurando disuadir al agresor. Para esta actividad de 20 horas en modalidad presencial se ha contado como docentes con profesionales de Instituciones Penitenciarias expertos en la materia.

Actualmente, los centros realizan campañas de difusión del plan de prevención y atención a agresiones mediante cartelería, colocación de los flujogramas de actuación en lugares apropiados, información verbal y por escrito en el plan de acogida de los profesionales de nuevo ingreso así como su publicación través de la web del SAS y la intranet de cada centro.

Otra medida más puesta en marcha dentro del plan en materia de prevención en la que se trabaja desde la Administración es la designación de interlocutores sanitarios en cada provincia. Estos interlocutores canalizan la comunicación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en cuanto a las agresiones registradas en la sanidad pública andaluza, la información sobre las medidas de seguridad puestas en marcha, los cursos de formación y otras medidas de prevención llevadas a cabo por la Consejería de Salud. “Dicha colaboración ha supuesto una mejora evidente en la respuesta a este tipo de actos”, ha aseverado Álvarez.

Actualmente se está elaborando en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales del SAS un procedimiento del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. En él se recogerán las funciones de cada agente implicado, que aunque ya se recogían en el Plan de Prevención y Atención de Agresiones, “se acordó que sería positivo contar con un procedimiento específico que resuma los aspectos fundamentales”.

Para finalizar, Marina Álvarez ha insistido en que “defendemos tolerancia cero frente a estos actos inaceptables y seguiremos trabajando con todo nuestro empeño para evitarlas”.

Andalucía fue la primera comunidad en poner en marcha en 2005 el Plan de Prevención y Atención de Agresiones y, en estos años, se han logrado más de 2.500 sentencias condenatorias por agresiones

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