El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual Hernández, indica que esa es la cantidad que dejarán de recibir, sobre todo, los pequeños y medianos agricultores y ganaderos onubenses entre 2014 y 2020. A su juicio, se trata de un “maltrato” constatado por la publicación de la asignación de los derechos de pago básico el pasado 31 de marzo de 2016 y que asciende, en el conjunto de Andalucía, a “una merma de 616,5 millones de euros”.

La situación, según Pedro Pascual Hernández, “no puede ser más injusta”, puesto que el mayor peso de este impacto negativo recae sobre las explotaciones que perciben menos de 5.000 euros al año. Algo que “destapa, por enésima vez, la preocupación del Ejecutivo de Mariano Rajoy por los intereses de los grandes terratenientes en detrimento de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos”, según el delegado.

La Junta insiste en que esta pérdida tiene uno de sus orígenes “en la aplicación en 2014 de un recorte lineal del 8,64 por ciento a todos los beneficiarios de derechos de pago único, también a los que perciben menos de 5.000 euros, en lugar de progresivo, sólo por encima de los 5.000 euros y con porcentajes crecientes hasta llegar a un 14 por ciento en el caso de aquellos que ingresan más de 300.000 euros, como defendía la Junta de Andalucía”.

El otro pilar de este “atentado” contra Andalucía, “como lo anterior, tampoco impuesto por Bruselas”, radica, según el Gobierno regional, “en la reducción de la inversión del régimen de pago básico en un cinco por ciento para incrementar el presupuesto de las ayudas asociadas”.

El nuevo modelo puesto en marcha en 2015, además, “deja fuera de estas últimas, destinadas a cultivos vulnerables en riesgo de abandono, a sectores como el olivar en pendiente, la uva pasa o el trigo duro”. Todo ello, añade la Junta, con “un diseño más adaptado a las explotaciones del norte que a las del sur, como es el caso de la remolacha, los frutos de cáscara o el sector caprino de leche”.

El resultado, en el caso de Huelva, es “la llegada al campo onubense de 2,1 millones de euros menos al año desde el ejercicio 2015 hasta el cierre del marco financiero plurianual de la UE en 2020”, un volumen al que hay que añadir, según agrega Pedro Pascual Hernández, “el montante de 787.609 euros que, a la vez que se favorecía a los que más cobran, se le arrebataba a los 7.264 pequeños agricultores y ganaderos de la provincia –el 80,82 por ciento del sector– ya en 2014, cuando, frente a los 9,1 millones de euros del curso anterior, sólo se repartieron 8,3 millones de euros”.

El conjunto de las ayudas directas, enmarcadas dentro del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), inyectó en Huelva en el pasado ejercicio 2014-2015 un total de 50,82 millones de euros, de los cuales 42,88 millones de euros correspondieron al régimen de pago único.

Unos números que, según expone el delegado territorial, ponen de relieve la trascendencia de estas subvenciones para las rentas de los agricultores y ganaderos onubenses y, en consecuencia, “lo mucho que nos jugamos”.

Un engaño y maltrato

Los datos, de acuerdo con las cuentas realizadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, evidencian, en palabras de Pedro Pascual Hernández, “un nuevo engaño a nuestra tierra”, en la medida en que “multiplica por diez la estimación anunciada en 2014 por el entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que anotaba una cifra de 60 millones de euros para toda la comunidad autónoma”.

“Una mentira engordada después por su sucesora, Isabel García Tejerina, que afirmó que la reforma de la PAC sería favorable para Andalucía cuando, en realidad, nos quita 616,5 millones de euros”, ha criticado el delegado territorial, quien incide en que las consecuencias son “más graves aún” si se suma “la reducción del presupuesto de Desarrollo Rural para Andalucía en 286 millones de euros (211 de fondos europeos y 75 más de la cofinanciación estatal)”.

«Andalucía, sigue diciendo la Junta, no sólo es la única de las 17 comunidades autónomas españolas que ven menguada su asignación, sino que, por si fuera poco, sufre un recorte por parte del Gobierno central del 10%”, el máximo permitido por la Unión Europea (UE). “No es baladí”, según Pedro Pascual Hernández, que remarca que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) “contribuyó en el último curso a la dinamización social y económica y, por tanto, a la fijación de la población de nuestros pueblos” con 32,18 millones de euros.