Opinión



España pierde el 23% de sus explotaciones agrarias en el siglo XXI

Andalucía, con 48.200, es una de las regiones que ha sufrido mayor abandono

Vista panorámica de unos olivares en Jaén

El número de explotaciones agrarias se ha reducido un 23,2%. En valores absolutos, las CC.AA que han sufrido un mayor abandono han sido Comunidad Valenciana (49.460), Andalucía (48.200) y Galicia (37.050), de acuerdo a las conclusiones del estudio sobre la propiedad de la tierra en todo el territorio comunitario

En el Estado español, la evolución de número y dimensión física de las explotaciones sigue las tendencias observadas a nivel europeo y, en concreto, el estudio recoge que en la primera década del siglo XXI, la Superficie Agraria Útil (SAU), debido al abandono de explotaciones, fenómenos urbanísticos y recalificación de los usos del suelo, ha disminuido un 9,2%, lo que equivale a 2,4 millones de hectáreas. En 10 años, se han perdido 659 hectáreas cada día.

Dicho estudio, ha servido para poner en marcha la campaña “Por una política de tierras justa y sostenible en España y Europa”, presentada recientemente en el Congreso de los Diputaos por las organizaciones Plataforma Rural, Fundación Mundubat, Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, (COAG) Sindicato Lábrego Galego (SLG), EHNE Bizkaia, la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES) y Sindicato de Obreros del Campo (SOC), junto a la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

La media del tamaño de las explotaciones ha aumentado un 18%. El incremento se ha concentrado entre las explotaciones de tamaño medio-grande. La pequeña explotación (menos de 5 hectáreas) representa el 52% del total, pero sólo el 4,3% de la superficie. La mediana explotación (entre 5 y 70 hectáreas) representa el 40,8% de las explotaciones con el 32% de la tierra. La gran explotación (entre 70 y 500 hectáreas) representa la mayor parte de la tierra cultivada (46%). Y la propiedad latifundista (más de 500 hectáreas) que acapara el 17% de la superficie pero sólo suponen el 0,44% de las explotaciones.

Los cambios en el uso del suelo son evidentes. Los procesos de urbanización, la expansión de las áreas industriales, la construcción de grandes infraestructuras, y el destino de áreas territoriales a la explotación energética, van presionando progresivamente sobre la tierra agraria. Pero en la pérdida de tierra agraria, según el citado estudio, inciden otros factores, como el precio de la tierra, la falta de relevo generacional, o los mecanismos de cese en la actividad.

Los datos del estudio muestran una estructura de la tierra injusta desde el punto de vista de sexo y edad. Las mujeres sólo son propietarias del 23% de la tierra, aunque en algunas Comunidades Autónomas, como Galicia, el porcentaje se eleva al 47%.

Mientras que los jóvenes tan sólo son titulares del 6,6% de la tierra, las personas de más de 55 años son titulares del 51% de la tierra. La edad en la tenencia de la tierra va ligada naturalmente a la edad en la titularidad de las explotaciones.

Las organizaciones promotoras del estudio consideran necesario el abordaje global de una política de tierras pública, activa, justa, social y sostenible, acorde con los retos de futuro a los que se enfrenta la sociedad en general, y el medio rural y el sector primario en particular. Desarrollar y aplicar cada una de las medidas propuestas exige un análisis pormenorizado y un debate intenso que proponemos desarrollar en diálogo con las organizaciones sociales representativas.

Los principales objetivos de esta política de tierras deberán ser definidos de manera concreta, pero las organizaciones citadas consideran que deben girar en torno a frenar el proceso especulativo sobre la tierra agrícola, garantizar un acceso más igualitario y democrático a la tierra por parte de los sectores sociales y económicos en activo que promueven una dinamización económica del medio rural, favorecer en especial el acceso de mujeres y jóvenes a la tierra, evitar la concentración de la tierra y el acaparamiento por determinados sectores económicos, proteger el suelo agrario y la calidad del suelo agrario, es decir, su fertilidad y capacidad de conservar biodiversidad y asegurar su uso de manera que garantice el equilibrio territorial.

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