FACUA Andalucía denuncia que la Junta de Andalucía está tratando de «cerrar en falso» un «fraude millonario» de Endesa, que subió la potencia contratada a cientos de miles de clientes aprovechando un cambio en la tensión nominal en la red de distribución al que le obligaba el Gobierno. Con esta modificación al alza en la potencia contratada, la compañía incrementó automáticamente lo que cobraba por el término fijo en la factura de la luz de forma generalizada en Andalucía, asegura la organización de consumidores.
Según Explica FACUA, sujetándose a una información de El Confidencial, Santiago Ochoa Fernández, el funcionario de la Junta que tramitaba el expediente sancionador a la empresa, «ha sido acosado al punto de tener que renunciar a su trabajo por las presiones recibidas por parte de sus dos superiores, María José Asensio Coto, directora general de Industria, Energía y Minas, y María Isabel González Cuenca, jefa de servicio de Energía de la Dirección General».
Ochoa, con más de 15 años de experiencia en la Administración, era el instructor del expediente a Endesa. En su carta de renuncia, fechada el 19 de enero, indica que la Junta ha tratado de beneficiar a la multinacional eléctrica en este expediente, que ha tardado en tramitarse siete meses, cuando otros «se completan hasta cinco en un día, y en el que como instructor he tenido que construir una Propuesta de Resolución de 71 páginas con muy pocos datos». El instructor afirma, según FACUA, que con este proceder «se ha beneficiado ilegalmente a la mercantil objeto del expediente sancionador, al proponer sólo una infracción leve por importe de 600.000 euros y poder ahorrarle, en su caso, una infracción grave añadida de seis millones de euros». Tras la dimisión y denuncia de obstrucción de este instructor el 19 de enero, no es hasta un mes después, el 15 de febrero, cuando se nombra otro instructor, Emilio Jorge Bolívar Raya, quien, el 31 de marzo, fecha en la que se cumplía el plazo máximo de nueve meses para resolver, declaró el expediente caducado.
Carta a los grupos parlamentarios
Ante la gravedad de lo sucedido, FACUA Andalucía ha dirigido una carta a los grupos parlamentarios andaluces para que demanden explicaciones al Ejecutivo en la sesión de control al Gobierno e inicien las investigaciones necesarias para aclarar lo sucedido y tomar las medidas que se deriven de las conclusiones obtenidas.
Este «fraude masivo de Endesa», explica FACUA, tiene su origen en un cambio de tensión que se dio en toda la red. Este cambio se produjo en 2003, un año después de la publicación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en el BOE, pero no fue hasta 2006 cuando se publicó la tabla oficial de potencias normalizadas para todos los suministros de baja tensión. Es en ese momento cuando quedó fijado por ley qué potencia contratada se correspondía con cada tensión. Esto, según FACUA, obligaba a las compañías eléctricas distribuidoras a revisar al alza la potencia contratada de sus clientes. Sin embargo, la ley prohibía expresamente que este aumento repercutiese en los consumidores y para evitarlo el Gobierno ofreció a las eléctricas un coeficiente corrector que evitaba el incremento en la factura de la luz. «Sin embargo, Endesa no lo aplicó, y por lo tanto, a cientos de miles de usuarios se les modificó la potencia contratada y desde entonces han venido pagando más cara la electricidad en sus hogares», denuncia la organización de consumidores.
FACUA Andalucía considera «escandaloso» que la Dirección General de Industria, Energía y Minas no haya investigado si Endesa comenzó a subir las potencias de los clientes en 2003 y que sólo conozca el número total de afectados por los datos que le ha facilitado la propia compañía, que los cifra en torno a los 400.000.
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