Opinión



El exdelegado de Empleo Eduardo Muñoz se acoge a su derecho de no declarar por los cursos de formación

Acusado de cometer irregularidades vinculadas a malversación de fondos

Muñoz ha sido llamado a declarar por el supuesto fraude en los cursos de formación de la Junta

El exdelegado de Empleo en Huelva y exdirector provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Eduardo Muñoz, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante el juez que lo ha citado en la causa sobre irregularidades en los fondos de cursos de formación para el empleo otorgados por la Junta de Andalucía.

Muñoz estaba citado a las 10.15 horas ante de Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva y ha permanecido en el edificio durante alrededor de una hora. Para evitar a los medios de comunicación que esperaban su salida, ha abandonado el Palacio de Justicia por la puerta trasera y aunque no ha conseguido su objetivo de evitar a la prensa, no ha respondido a las preguntas de los periodistas.

En esta misma jornada también estaban citados a declarar  el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del  Servicio Andaluz de Empleo (SAE), José Ángel Gil Flores, que también se ha acogido a su derecho a no declarar.

Eduardo Manuel Muñoz y José Ángel Gil Flores fueron detenidos a finales de marzo por la Policía Nacional en el marco de la ‘Operación Eduende’. Los agentes investigaron las subvenciones recogidas en la Resolución de 21 de febrero de 2011 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Fruto del estudio de estas subvenciones, los investigadores de la Policía acusan a los detenidos de haber cometido irregularidades vinculadas a la presunta comisión de delitos de Prevaricación y Malversación de caudales públicos.

El ex delegado Muñoz ya fue detenido en marzo de 2015, cuando era delegado territorial de Empleo en Huelva, en el marco de la ‘Operación Barrado’, en la cual prestó declaración ante la juez Mercedes Alaya que lo dejó en libertad con cargos.

Al margen de la toma de declaraciones, el Juzgado ha ordenado a la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizar un informe de la situación patrimonial de los investigados, todos ellos por un presunto delito de malversación de caudales públicos

 

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