Atalaya asegura que la sentencia del TS “no tiene ningún efecto” sobre las operaciones que realiza la compañía

Manda un mensaje de tranquilidad a los trabajadores tras declararse nula la resolución que otorgaba la AAU para la explotación del complejo minero

Mina de Riotinto

Atalaya Riotinto Minera, empresa operadora de la mina de cobre de Riotinto en Huelva, ha manifestado tras conocerse sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaró nula la resolución que otorgaba la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el proyecto de explotación del complejo minero de Riotinto, que “acata y respeta” la decisión del TS, si bien asegura que las “cuestiones formales de carácter administrativo a las que alude la sentencia “no tienen ningún efecto sobre las operaciones actuales ni futuras de la compañía, descartando la propia sentencia la nulidad de pleno derecho de la autorización ambiental”.

Según la compañía, el propio tribunal indica en resolución previa que no se apreciaba “una nulidad patente o manifiesta como lo demuestra el extenso procedimiento seguido y que no se acreditan daños o perjuicios de imposible o difícil reparación ya que la AUU por sí misma, no autoriza la actividad minera.”

A la vista de esto, Atalaya afirma que “en ningún caso la sentencia pone en tela de juicio la gestión de las instalaciones mineras e industriales” que está desarrollando Atalaya, en cumplimiento de la ley y las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes en materia minera y ambiental incluyendo la AAU.

Es por todo que Atalaya quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a sus más de 400 empleados y 650 trabajadores de contratas que trabajan diariamente en sus instalaciones, sus socios, contratistas y ciudadanía en general, confiando en que, a la luz de las diferentes opciones que ofrece la legislación española y andaluza, “se puedan poner en práctica los mecanismos destinados a subsanar ese defecto administrativo sin que esto afecte a la buena marcha de las operaciones”.

Así, los asesores legales de Atalaya consideran que la Administración andaluza, además de cumplir con el fallo de la Sentencia del TSJA y corregir los defectos formales de la AAU del 2014, “deberá tener en cuenta también en ese proceso, todas las medidas técnicas y ambientales propuestas por la empresa y autorizadas en la AAU del 2018, de tal forma que se plasme claramente todas las mejoras que en la gestión de las instalaciones mineras e industriales del PRT está desarrollando Atalaya en estos últimos años”.

De esta manera, y “desde una posición de responsabilidad”, Atalaya “va a seguir procurando la excelencia en la gestión en materia minera, ambiental y de seguridad, y generando empleo y riqueza para la región a largo plazo”, concluye la empresa.

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