Opinión



Bal (Cs) exige al nuevo Gobierno de Sánchez despolitizar la Justicia

Asegura que con la ley de Cs no se podría nombrar a Dolores Delgado

El portavoz adjunto del GPCs registra una Ley de Reforma del Ministerio Fiscal en la que se incluye una modificación en el nombramiento del Fiscal General del Estado

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Edmundo Bal, ha exigido al nuevo Gobierno de Sánchez despolitizar la Justicia y ha asegurado que con la ley que propone Ciudadanos (Cs) no se podría nombrar a la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado (FGE). “¿Vamos a politizar las causas penales? ¿Se van a retirar las acusaciones penales cuando el Gobierno quiera?”, se ha preguntado Bal, quien ha criticado que como FGE se coloque a “una persona por un punto de vista político, no por virtud de mérito y de capacidad”.

Bal ha registrado una Ley naranja de Reforma del Ministerio Fiscal en la que se incluye una modificación en el nombramiento del Fiscal General del Estado, una iniciativa que, ha recordado el portavoz adjunto del GPCs, ya registró Cs en la XII Legislatura. “Por culpa del mal endémico del bipartidismo durante cuarenta años, PP y PSOE votaron en contra de la toma en consideración pensando en que gobernaría uno u otro”, ha criticado Bal, que ha registrado de nuevo esta proposición de ley tras conocerse que el Consejo de Ministros aprobará este martes la propuesta de nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado en sustitución de María José Segarra

“¿Quién ha seguido firme en el mantenimiento de la legalidad en el cumplimiento de los intereses generales de la Fiscalía? Al parecer María José Segarra no es lo suficientemente servil como para conseguir lo que pretende el Gobierno, que es simplemente satisfacer a los nacionalistas y a los populistas”, ha lamentado Bal. “Este es un nombramiento absolutamente político”, ha insistido.

De esta manera Ciudadanos recupera su reforma de la Fiscalía, por la cual Delgado no podría haber sido propuesta para fiscal general.

Además se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha preguntado si “ésta es su idea de desjudicialización del conflicto político” en Cataluña y si ha pactado con ERC la designación de Delgado, una persona de su confianza para a saber qué instrucciones querrá dar a los fiscales”.

El diputado cree que el objetivo del Ejecutivo con este nombramiento es “politizar la Justicia y satisfacer a los independentistas, los nacionalistas y populistas” que hicieron posible la investidura de Sánchez.

Bal ha declarado a los periodistas que, en opinión de Ciudadanos, proponer a Delgado como fiscal general del Estado va en contra de los principios de “imparcialidad, independencia técnica y despolitización” que debe cumplir el Ministerio Público. Además ha recordado que es Delgado quien, como ministra de Justicia, realizó una serie de ataques a la instrumentalización de las instituciones al servicio del PSOE. “Ha presionado de manera intolerable a la Abogacía del Estado y ha instrumentalizado a este órgano a favor de intereses puramente políticos”, ha añadido.

Bal dice que frente a los ataques del Ministerio de Justicia, “quien se ha mantenido firme en el mantenimiento de la legalidad y el cumplimiento de los intereses generales ha sido la hasta ahora Fiscal General del Estado, María José Segarra, que quizá no es lo suficientemente servil”.

Por último, cuestion que la Fiscalía pueda asumir en el futuro la instrucción de las causas penales ahora que el Gobierno ha puesto al frente de esta institución a una persona de clarísimo perfil político. “¿Vamos a politizar todas las causas penales? ¿Se va a ejercer la acusación penal solo cuando el Gobierno quiera? ¿Se van a retirar las acusaciones penales cuando el Gobierno quiera?”, ha manifestado.

Por todo ello, Ciudadanos quiere que se vuelva a debatir en la Cámara Baja su propuesta de reforma de la Fiscalía, que prevé que el Fiscal General del Estado sea propuesto por el Gobierno, pero que deba someterse a una votación en el Pleno del Congreso y que su ratificación requiera el apoyo de al menos dos tercios de los diputados.

 

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