Opinión



Denuncian al ministro Illa en el Supremo por “delitos de homicidio imprudente, por desproteger a los sanitarios”

Por la falta de material de protección a sanitarios durante la pandemia

El ministro de Sanidad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado ante el Tribunal Supremo una denuncia contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por delitos de homicidio imprudente, de lesiones y contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral por no dotar con el material de protección individual necesario a los profesionales sanitarios que trabajan para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.

La falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud han provocado a fecha de 30 de marzo de 2020, que un total de 12.298 sanitarios de España estén infectados por el Covid-19, que suponen el 14,4% del total de los afectados en todo territorio nacional y al menos 6 de ellos han fallecido por ese motivo, según los datos proportcionados por el Ministerio de Sanidad.

CSIF ha reclamado, desde que el pasado 14 de marzo se decretó el estado de alarma, al departamento que dirige Salvador Illa que dotara al personal sanitario de equipos de protección individual para garantizar la seguridad y salud de dicho personal en el desempeño de sus funciones, ante la existencia del grave riesgo de contagio en caso de no contar con dicho material, todo ello al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Sin embargo, según subraya el sindicato en su denuncia, “a día de hoy, más de dos semanas después de la declaración de estado de alarma, los profesionales de la sanidad continúan trabajando en gran número de centros hospitalarios sin los preceptivos y necesarios equipos de protección individual, EPI, (guantes, gafas, batas, mascarillas, etc.)”.

CSIF recuerda que se están reutilizando los existentes, “aun cuando no es material reutilizable por su pérdida de eficacia, lo que hace que se ponga en riesgo su salud, pues están en contacto directo a diario con población contagiada”. Insiste el sindicato en que se está poniendo en evidencia ya una situación insostenible en el tiempo para este importante sector profesional, y asegura que además esa falta de material es también un grave problema para los pacientes que ven reducido el número de personal sanitario que puede ayudarles a curar su enfermedad y para el resto de la sociedad que “sufre el riesgo de ser contagiada por el propio personal sanitario”.

CSIF recuerda que el real decreto que aprobó el estado de alarma designó a Illa como autoridad delegada para gestionar la pandemia del coronavirus, “convirtiéndose por ello en el máximo responsable y garante en la evitación y propagación del virus“. Pero consideran que el ministro no ha seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y “ha incumplido el deber de “adoptar con urgencia las medidas necesarias al efecto y entre ellas la más esencial, la dotación de material de protección necesario a los servicios sanitarios para evitar que su personal se contagie en el ejercicio de sus funciones”. Incluso hace una comparación con China, donde sólo se contagiaron el 4% de los profesionales de la sanidad.

Dejan constancia en la denuncia de que los profesionales se quejan de instrucciones contradictorias, incluso de “amenazas administrativas y ceses a algunos sanitarios por exigir la adopción de medidas de seguridad o que se efectúan campañas publicitarias de dotación de EPI y pruebas de diagnóstico Covid-19 fraudulentas porque no existen dotaciones efectivas y tampoco pruebas de diagnóstico suficientes“.

Por ello, CSIF considera que el ministro de Sanidad podría haber cometido un delito contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral “pero también de lesiones y de homicidio imprudente por la ineficacia de la actuación y por la imprudencia grave en la gestión de los recursos humanos y materiales del sector Sanitario en todo el país”.

Enun comunicado CSIF dice que la denuncia se ampliará en los próximos días a otros colectivos del ámbito de las administraciones públicas afectados por la gestión de la crisis. y asegura que se encuentra trabajando para actuar por la vía de lo Civil para solicitar la responsabilidad patrimonial contra la Administración.

Considera que con su gestión ha cometido delitos contra los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones

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