Opinión



El Gobierno prevé un desplome del PIB del 9,2% este año y una tasa de paro del 19%

Vcepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño

El Gobierno prevé un desplome del PIB del 9,2% este año y una tasa de paro que se elevará al 19%, mientras que para 2021 estima un repunte del 6,8% en 2021 y un descenso de la tasa de paro al 17,2%, como consecuencia de la crisis del coronavirus, que ha dado al traste con las antiguas previsiones de crecimiento y reducción del desempleo.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en rueda de prensa en Moncloa para presentar el nuevo cuadro macroeconómico y el Plan de Estabilidad 2020-2023 remitido anoche a Bruselas.

El Programa de Estabilidad recoge el escenario macroeconómico para 2020 y 2021 apoyado en la última información económica y sanitaria disponible y consistente con el escenario epidemiológico que sirve de base al plan de desescalada y reactivación de la economía.

El nuevo cuadro macroeconómico, avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, presenta un impacto muy elevado en el corto plazo y una vuelta a la normalidad progresiva. Así, se prevé una especial incidencia de los efectos del COVID-19 en la economía en los dos primeros trimestres de 2020 y el comienzo de la recuperación de la actividad en el segundo semestre de este año. Como consecuencia, se estima una caída del Producto Interior Bruto del 9,2% en el conjunto del año y una importante recuperación en 2021, con una tasa de crecimiento prevista del 6,8%.

Las medidas de protección de los trabajadores y de flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo adoptadas consiguen reducir el impacto en la actividad y el empleo. Se prevé que la tasa de paro se sitúe en el 19% en 2020, para reducirse en 2021 hasta el entorno del 17%.

Todas las iniciativas de apoyo a familias, trabajadores y empresas han permitido mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia, si bien están suponiendo un gran esfuerzo en términos de apoyo presupuestario, de forma que se prevé que el déficit público en 2020 se sitúe en el 10,3% y la deuda pública en el 115,5%.

Previsiones de ingresos y gastos

Es evidente que la crisis provocada por el COVID-19 también impacta en las cuentas públicas como consecuencia de un significativo mayor gasto generado por las medidas sociales, sanitarias, laborales y económicas adoptadas para mitigar el impacto de la crisis en las familias, los trabajadores y colectivos más vulnerables, además de para proteger el tejido productivo, especialmente, pymes y autónomos. A esto se suma una fuerte caída de los ingresos provocada por el contundente descenso del consumo y la actividad empresarial

En concreto, el Gobierno estima que el gasto público se situará en el 51,5% del PIB, lo que supone un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto al gasto público de 2019.

Por su parte, la previsión es que los ingresos públicos se reducirán en 25.711 millones y se situarán en el 41,2% del PIB. Este porcentaje es más elevado que el del año anterior debido a que la mayor contracción del PIB afecta al cálculo de esta ratio, pero en términos absolutos se produce una caída importante de ingresos públicos.

De esta forma, la previsión es que el déficit público en 2020 se incrementehasta los 115.671 millones, lo que equivale al 10,34% del PIB. Supondría del mayor déficit desde 2012, cuando se alcanzó el 10,7%.

Impacto de medidas aprobadas

El aumento del déficit denota el esfuerzo de las administraciones públicas por paliar los efectos de la pandemia. En concreto, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas con el objetivo de que la salida de la crisis no genere más desigualdades y evitar lo ocurrido con la salida de la crisis de 2008. En este sentido, las decisiones adoptadas por el Gobierno en el ámbito, sanitario, social, laboral, económico y tributario tienen un impacto total de más de 139.000 millones de euros.

En concreto, las medidas adoptadas mediante reales decretos implican unaumento directo del gasto de 28.400 millones y una minoración de los ingresos de 6.119 millones. Entre estas medidas se encuentran, por ejemplo;

– Facilitar los ERTE en empresas para asegurar que los trabajadores siguen percibiendo al menos el 70% de su salario y al mismo tiempo se exonera a las empresas de las cotizaciones sociales. Ambas cuestiones suponen un impacto de 20.000 millones de euros.

– Abonar una prestación extraordinaria a los autónomos afectados por el cese de actividad o que hayan vista reducida un 75% su facturación supondrá 3.700 millones en beneficio de este colectivo.

– Establecer un IVA del 0% para la adquisición de productos sanitarios cuando el destinatario sea un hospital, entidad pública o privada sin ánimo de lucro tendrá un impacto de 1.022 millones.

– Medidas de flexibilidad tributaria como la posibilidad de que los autónomos cambien del sistema de tributación por módulos al sistema de estimación directa sin la exigencia de permanecer tres años en la nueva tributación o que las pymes puedan cambiar el sistema del cálculo del pago fraccionado para hacerlo en función de los beneficios reales trimestrales. Ambas medidas suponen un coste de 1.100 millones de euros.

– Transferir a las CCAA los 2.867 millones por la actualización de las entregas a cuenta. Unas entregas a cuenta que han sido calculadas con una previsión de crecimiento del 1,6% y no con la caída del PIB provocada tras la pandemia. Esta inyección permitirá a la CCAA recibir este año la mayor financiación de su historia con 115.000 millones de euros, un 7,3% más que en 2019.

A estas medidas hay que sumar los programas de avales del Estado como los 100.000 millones de líneas ICO dirigidas principalmente a dotar liquidez a pymes y autónomos. Además, de los fondos transferidos a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales para atender costes de carácter social.

El Gobierno considera que estas medidas van en la dirección de mitigar el impacto de la crisis en las familias, trabajadores y empresas con el objetivo de evitar un aumento de las desigualdades y la pobreza.

Las previsiones muestran que a partir de 2021 se producirá un rebote de la economía con un fuerte incremento del PIB que permitirá volver a la senda de reducción del déficit a partir de ese momento.

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