Las graves consecuencias económicas, base de los recursos interpuestos por la hostelería de las CC AA

El sector ha hecho un verdadero esfuerzo económico y organizativo para adaptar sus establecimientos, haciendo fuertes inversiones para cumplir

No se entiende esta criminalización del sector, más cuando en otros países europeos se priorizan las reuniones en espacios públicos, como es la hostelería
Hostelería de España y sus organizaciones territoriales confederadas están promoviendo la interposición de recursos a los Decretos autonómicos sobre el Covid -19. Según señalan en un comunicado, las medidas adoptadas son extremas frente a un sector que no es el principal responsable de la propagación del virus, “por más que existan casos aislados de incumplimiento que gozan de amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación”.

Desde el sector reclaman que simultáneamente a la adopción de medidas restrictivas de la actividad económica se contemplen medidas compensatorias que no aboquen a la ruina a las empresas y al paro a sus cientos de miles de trabajadores.

“Si algo ha demostrado el Covid-19 es el valor añadido que se produce a lo largo de toda la cadena de valor y que sólo si se materializa la comercialización en Hostelería se genera producción agrícola y ganadera de alta calidad, industria agroalimentaria y distribución, entre otros”, exponen.

Los principales argumentos consensuados por la comisión jurídica interterritorial de hostelería, que amparan los recursos interpuestos, así como las futuras acciones acordadas son:

  • Las Comunidades Autónomas están legislando en cada región escudándose en la Orden Ministerial dictada el 14 de agosto por el Ministerio de Sanidad, si bien no todas utilizan el mismo instrumento normativo ni recogen las mismas medidas que el resto.  De ahí que se hayan interpuestos Recursos Contenciosos Administrativos contra las distintas Resoluciones Autonómicas solicitando de forma simultánea la adopción de medidas cautelares de suspensión de la Resoluciones publicadas en cada Comunidad.
  • Las medidas cautelares se basan en las graves consecuencias económicas que la no suspensión de las ordenas recurridas podría causar al sector, provocando el cierre definitivo, que no temporal de muchos negocios.
  • Estas medidas, hablando en términos generales, no están justificadas debidamente.  No podemos negar el incremento de los contagios, pero sí que este se produzca como consecuencia de la actividad hostelera y de restauración.  Por lo tanto, se convierten en medidas no idóneas con el fin buscado.
  • Hemos de recordar que, en casi todas las Comunidades Autónomas ya se habían adoptado medidas sanitarias restrictivas específicas para este sector, ello, no obstante, no se había traducido en una disminución de los contagios, lo que denota que los brotes se producían mayoritariamente en otros escenarios, principalmente privados y no controlados, como así lo reconoce el Acuerdo Interterritorial de Salud.
  • Igualmente hemos sufrido como sector el estigma de casos aislados con amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación, que sin duda exigen una acción de cierre y sanción más contundente y ejemplificadora por parte de las administraciones, pero que no puede extenderse o calificarse a todo un sector por situaciones individuales.
  • No se entiende esta criminalización del sector, más cuando en otros países europeos se priorizan las reuniones en espacios públicos, como es la hostelería, frente a espacios privados, donde no se exigen las mismas medidas higiénico-sanitarias y se baja la guardia, cosa que no suele ocurrir en establecimientos hosteleros. En este sentido, el sector cuenta con un distintivo, que mediante un sistema de declaración responsable los hosteleros se comprometen a cumplir una serie de  requisitos de limpieza, salud e higiene necesarios para una ‘Hostelería Segura’ que permita aportar confianza a trabajadores y clientes desde que entran en el local hasta que salen del mismo.
  • Por otro lado, es incuestionable que las particularidades de las regiones hacen que no puedan aplicarse de forma generalizada las mismas medidas para unos que para otros.
  • Desde el comienzo de la pandemia el sector se está viendo gravemente atacado por la Administración en todos sus niveles, en un claro agravio comparativo respecto de otras actividades y sectores en los que sí que se ha acreditado que se han producido esos brotes, véase temporeros, residencias de ancianos, campamentos de verano, transporte público, etc…
  • El sector ha hecho un verdadero esfuerzo económico y organizativo para adaptar sus establecimientos, haciendo fuertes inversiones para dar cumplimiento a las exigencias sanitarias impuestas.  No obstante, tales exigencias no han venido acompañadas de un más que obligado Plan de Contingencia para reactivar el sector turístico y hostelero.
  • Finalmente se ha exigido un esfuerzo extra a este sector que no ha encontrado equivalencia en la Administración.  Administración que debería haber implementado medidas de identificación, trazabilidad y seguimiento de los casos de contagio. Atacando los focos iniciales de manera eficaz e incorporando otro tipo de medidas que no fueran únicamente las restrictivas y de confinamiento como ocurrió en la primera fase de la pandemia.

Con base en estos argumentos, las organizaciones que representan al sector en todo el país quieren llamar la atención de las administraciones públicas y de la ciudadanía, para enfocar una salida de la crisis del Covid-19 “que no menoscabe la potencia y competitividad del sector, asegurando la supervivencia de las empresas y el mantenimiento del empleo”, concluyen.

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