Rocío Ruiz aborda en Madrid la necesidad de un Pacto de Estado por la Dependencia con la patronal del sector

Para lograr una atención de calidad

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación presenta a las patronales los principales contenidos del Pacto que lidera Andalucía y que tiene el respaldo del Parlamento

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha mantenido un encuentro en Madrid con las patronales del sector de la dependencia a nivel nacional, con el objetivo de obtener su respaldo al Pacto de Estado por la Dependencia que lidera Andalucía para proteger y garantizar el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Ruiz ha subrayado la necesidad de garantizar el carácter de universalidad e igualdad de la aplicación de la Ley en todo el territorio nacional con más motivo aún en estos momentos, cuando la situación obliga a revisar el modelo de atención a la dependencia.

La máxima responsable de las Políticas Sociales en Andalucía, que ha estado acompañada del secretario general de la Consejería, Daniel Salvatierra, y el director general de Discapacidad e Inclusión, Marcial Gómez, ha mantenido un encuentro con las organizaciones Lares, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA) y la empresa de servicios Lonada y ha desgranado las principales líneas del Pacto que defiende Andalucía. Ruiz ha recordado que el documento ya ha sido respaldado por el Consejo de Gobierno, el Parlamento andaluz, así como el Tercer Sector y los sindicatos mayoritarios. Con este apoyo, la consejera ha querido dar un paso más y presentar este proyecto en Madrid, para incrementar el consenso en torno a la necesidad de este Pacto y propiciar así su debate en el Congreso de los Diputados y con el Gobierno de España.

Así, ha expresado la necesidad de revisar el ‘Libro Blanco de la Dependencia en España’ de 2004, “puesto que en 2010 ya se habían superado sus previsiones en más de un 220 por ciento. Esta falta de rigor provocó que la Ley naciera infrafinanciada, haciendo incurrir a los distintos Gobiernos de España en un incumplimiento grave y continuado en lo que establece en referencia a la financiación del sistema”.

En este sentido, ha recordado que, actualmente, la Junta de Andalucía soporta más del 82 por ciento del gasto, por lo que la aportación del Estado queda muy alejada del 50 por ciento que la propia Ley establece”, ha subrayado.

El presupuesto de la Junta para el año 2020 ha recogido la mayor cuantía de la historia en materia de dependencia en Andalucía: 1.509,2 millones de euros para el programa de Atención a la Dependencia, envejecimiento activo y discapacidad. También es el que ha experimentado un mayor crecimiento en términos absolutos, con 46,8 millones, lo que supone un 3,2 por ciento más que en 2019.

Para garantizar un desarrollo y aplicación de la Ley análoga en todo el territorio nacional, Ruiz ha abogado por la creación de una caja única, así como un fondo de garantía: “No es entendible que haya 17 sistemas de atención a la dependencia y que una persona dependiente andaluza reciba una cuantía diferente a la de otra Comunidad Autónoma. Queremos unificar y simplificar los distintos procedimiento y revisar la intensidad de protección de los servicios. Asimismo, abogamos por una restructuración del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para que sea el órgano colegiado garante en todo el territorio nacional”.

Apuesta por la prevención

La consejera ha insistido en que el Pacto que propone Andalucía no tiene que ver solo con la financiación. En ese sentido, ha apuntado que la prevención de la dependencia es un elemento importante para darle sostenibilidad en el tiempo al sistema, ya que “el constante crecimiento de la población mayor de 65 años y especialmente la población de 80 y más años, es un fenómeno sin precedentes al que se va a tener que enfrentar el SAAD”.

Por otra parte, el documento plantea “la inclusión de recursos de atención para personas con patologías potencialmente cronificables. De no ser así, el propio sistema de atención y al no estar garantizada la continuidad de cuidados, la persona puede ser condenada a un nivel de dependencia de manera crónica que no le corresponde a la enfermedad que ha padecido”, ha detallado.

Además, la titular de Igualdad ha señalado que “cabe la imperiosa necesidad de reconocer en la cartera de servicio de prestación para la dependencia para personas con discapacidad a aquellas personas mayores de 65 años. Para que estos usuarios no tengan que abandonar los recursos de atención de personas con discapacidad al cumplir la edad de 65 años”.

Otra medida que aborda el Pacto de Estado es que se plantea unificar y simplificar los distintos procedimientos, así como revisar la intensidad de protección de los servicios a fin de dar respuesta real a las necesidades de las personas en situación de dependencia y de sus personas cuidadoras.

Compromiso con la dependencia

La consejera ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz con el sistema de atención a a la dependencia en Andalucía, que ha incorporado a casi 20.000   (19.974) nuevas personas beneficiarias al Sistema desde inicios de año con un total de 33.279 nuevas prestaciones. A fecha actual, y a pesar de la  crisis sanitaria, el número de personas atendidas en Andalucía asciende a 221.023, lo que supera el dato de cierre del pasado año, cuando se alcanzó un máximo histórico.

Ruiz ha explicado que durante los dos primeros meses de 2020, el número de personas beneficiarias mostró un incremento respecto a diciembre pero “la irrupción de la pandemia  frenó el ritmo de crecimiento del sistema. Y lo hizo tanto en Andalucía como en el resto de comunidades autónomas”. A partir del mes de junio, comienza de nuevo a aumentar el número de personas en situación de dependencia que son atendidas en esta Comunidad.

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