La luz achicharra al ministro de Consumo

Lorenzo Jiménez Márquez.

LORENZO JIMÉNEZ MÁRQUEZ

Ayer leí en algunos medios de comunicación una noticia en la que se indicaba que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, había rechazado una rebaja en el IVA como solución para abaratar el precio de la luz, ya que cuando «hay un oligopolio», como en su opinión ocurre en el mercado eléctrico, si se bajan los impuestos «sube el beneficio de las empresas y se mantiene el precio de los productos».

Creo no equivocarme si digo que el IVA es un impuesto que tiene un carácter neutral para las empresas, ya que no es ni un gasto ni un ingreso, sino que se trata de un débito o un crédito, dependiendo de si es emitido o recibido. Es, por tanto, un impuesto diseñado para gravar el consumo y es el consumidor final el obligado al pago. Pero, no se aplica un tipo único, sino que existen tres diferentes en función de qué producto o servicio se trate. De forma que el 21% es el predeterminado para todos los productos y servicios a nivel general. El 10% se aplica en los alimentos que no tienen reconocido un porcentaje inferior, así como en algunos eventos de ocio y cultura. Mientras que el 4% se centra en los productos de primera necesidad y otros.

El Consejo de Ministros aprobó en julio de 2020, un Real Decreto a través del cual se establece la prohibición de corte en los suministros de electricidad, agua y gas, mientras dure el estado de alarma, a los usuarios con condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, que son los beneficiarios del bono social eléctrico. Cuando se toma este tipo de medidas será porque la electricidad igual que el agua o el gas son productos de primera necesidad y por tanto debería aplicarse un tipo impositivo inferior al que se viene utilizando en la actualidad.

Lo cierto es que el IVA es un impuesto con una participación en la recaudación tributaria del Estado cercana al 35%, con un amplísimo número de contribuyentes y, además, con menor rechazo que el impuesto sobre la renta. Ello hace que una bajada del IVA en el recibo de la electricidad suponga un menor coste para el bolsillo del consumidor final, aunque esto equivaldría a una menor recaudación para el Estado. Y ese es el motivo por el que no se reduce el tipo impositivo del IVA de la electricidad, no el que se sube el beneficio de las empresas.

Estas afirmaciones del ministro de Consumo me han hecho recordar la sesión del máster del IE Business School en la participé el lunes y que tan magníficamente impartió el profesor Manuel Romera Robles. En ella se debatió si España debía bajar el impuesto de sociedades o subirlo. Comentamos en clase que los países con tipos inferiores tienden a crecer más rápidamente, con la posibilidad de atraer nuevas inversiones, lo que redunda en un mayor nivel de empleo.

Por otra parte, una reducción del tipo impositivo podría ser importante para la productividad de las empresas que pueden contribuir al crecimiento del PIB (en 2020 ha caído un 11% respecto al año anterior).

Según un informe de la Tax Foundation, las empresas españolas pagan más impuestos que la media europea. Mientras que en la UE se aplica un tipo medio del 21,47%, el tipo vigente en nuestro país es del 25%. A pesar de ello, nuestro gobierno sube el impuesto de sociedades para grandes grupos empresariales.

Hay quienes piensan que una subida de impuestos implica que el Estado recaudará más dinero y, por tanto, revertiría en mejoras sociales para los ciudadanos. Pero esto no es así.

Según la teoría de Laffer, bajando impuestos se pueden recaudar más ingresos, o dicho de otra forma: en qué punto se maximizan los tributos del estado. Si los impuestos son altos la actividad económica se contrae y la recaudación fiscal baja. Lo que habría que hacer es lo contrario, bajar los impuestos para incentivar la actividad económica, lo que llevaría a recaudar más a las arcas públicas. La cuestión, como es lógico, es determinar ese punto ideal. Es como si un comerciante que no vende decidiese subir los precios para aumentar su recaudación, probablemente si hiciese lo contrario obtendría mejores resultados en sus ventas.

Parece que si subimos los tipos a las rentas de capital estaríamos “invitando” a las personas con elevados patrimonios a que se trasladen a otro país donde estas rentas tengan una tributación menor. O que un incremento del tipo de IVA reduciría el consumo.

En definitiva, creo que un aumento del nivel impositivo incentivará la economía sumergida y el fraude. Por lo que pienso que menos impuestos favorece el consumo, reduce la economía sumergida (aunque por desgracia esta siempre existirá, actualmente está por encima del 25% del PIB), incrementará la recaudación e incentivará la actividad con más empresas, más autónomos y emprendedores, y por tanto mayor nivel de empleo.

En consecuencia, como decíamos en clase, la reducción del tipo del impuesto de sociedades es especialmente beneficiosa para el crecimiento de la productividad total de las empresas más dinámicas e innovadoras.

Y todo ello, partiendo de la base de lo indicado en el artículo 31.1 de la Constitución: todos los ciudadanos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad y que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio“.

 

Lorenzo Jiménez Márquez. es Economista

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