Salud y familias presenta un estudio sobre la emancipación de los jóvenes en Andalucía

La Consejería de Salud y Familias, a través de la Secretaría General de Familias, ha presentado hoy un estudio sobre la emancipación de los jóvenes en Andalucía, realizado por la Universidad Loyola y la Fundación Don Bosco

La Consejería de Salud y Familias, a través de la Secretaría General de Familias, ha presentado hoy un estudio sobre la emancipación de los jóvenes en Andalucía, realizado por la Universidad Loyola y la Fundación Don Bosco, en un acto en el que también ha participado la Secretaría General de Ordenación de la Formación de la Consejería de Empleo. Este proyecto se encuadra dentro del diagnóstico sobre la emancipación de los jóvenes que se lleva a cabo en el marco de la formulación del Plan de Familias de Andalucía 2020-2025.

El Plan de Familias, que está en sus últimas fases de tramitación previas a su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, dedica dos objetivos estratégicos y un total de seis objetivos operativos a medidas cuyo fin pasan por favorecer la emancipación económica y residencial de las personas jóvenes de Andalucía.

La formación de la familia es una etapa clave en el proceso de transición a la vida adulta de las personas jóvenes, quienes, dependiendo del contexto individual, cultural, institucional y económico, afrontan con diferentes estrategias la formación de la pareja y la llegada de los hijos.

“Facilitar la transición de las personas jóvenes hacia la vida adulta incluye alcanzar los adecuados niveles educativos, suficientes aprendizajes vitales, acceso al empleo, a la vivienda, logro de autonomía personal y facilidades para alcanzar otros objetivos vitales. Asimismo, requiere de un gran esfuerzo de transversalidad y coordinación de medidas tanto en su diseño como en su implementación”, ha explicado la secretaria general de Familias, Ana Mata, que ha estado acompañada por el secretario general de Ordenación de la Formación de la Consejería de Empleo, Javier Loscertales.

Instituto Andaluz de la Juventud

En este sentido, la Secretaría General de Familias ha abierto una línea de trabajo y colaboración con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a la que está adscrito el Instituto Andaluz de la Juventud, para la coordinación en las actuaciones que ambos centros directivos impulsen y desarrollen en esta materia, como es el Plan Estratégico de la Juventud de Andalucía. Este plan contempla tres ejes estratégicos relacionados con el empleo, la formación y también con la emancipación juvenil, cuyo objetivo es aumentar las tasas de emancipación en jóvenes de 16 a 29 y de 30 a 34 años y mejorar las condiciones de acceso a la vivienda para este colectivo.

Se trata, por tanto, de una línea de colaboración entre ambas consejerías, Salud y Empleo, para trabajar en medidas que requieren que sean abordadas desde esa perspectiva transversal, junto con otras Administraciones y demás agentes relacionados con las políticas de juventud.

El informe, que se ha presentado en el campus de Sevilla de la Universidad Loyola, aborda el análisis de las medidas implementadas por el resto de comunidades autónomas y los países europeos de nuestro entorno, diseñadas para favorecer la emancipación de la población joven, identificando las más eficientes y los ejes de su éxito, con el objetivo de valorar su posible transferibilidad.

Este trabajo parte de datos tan significativos como que, en el cuarto trimestre del 2019, la tasa de emancipación de la población entre 16 y 29 años en Andalucía disminuyó hasta situarse en un 15,9%. Y en el primer semestre del 2020, la tasa bajó hasta un 14%, situándose como la más baja de todas las comunidades autónomas.

Seis recomendaciones de actuación

Entre las actuaciones que se pueden implementar para facilitar la emancipación destaca reforzar la transversalidad de las políticas de juventud sobre emancipación, como van a hacer la Consejería de Salud y Familias y la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

En segundo lugar, reforzar las políticas destinadas a dinamizar el empleo joven y erradicar la precariedad laboral. En este sentido, hay que analizar las causas que dificultan el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, planteando propuestas e iniciativas que permitan facilitar el itinerario laboral adaptándolo a las nuevas fuentes de empleo. Además, hay que impulsar el servicio de orientación laboral y profesional con una metodología de atención personalizada ante la búsqueda de empleo, y es importante crear un ‘mapa de necesidades de empleo’, a diferentes niveles territoriales, para conocer la demanda real del tejido empresarial. Finalmente, hay que trabajar para retener el talento; en su caso para favorecer el retorno de quienes hayan tenido que emigrar ante la precariedad de ofertas de trabajo; y, finalmente, reconocer dicho talento.

En tercer lugar, reforzar la educación y la formación profesional como elemento clave en la consecución de la emancipación efectiva. Para esto es importante el desarrollo de acciones formativas para los jóvenes que amplíen y completen las que se desarrollan en la formación reglada; establecer vínculos entre el ámbito universitario y el sistema productivo, potenciando el papel de la investigación y la I + D; revalorizar el papel y las potencialidades de la formación profesional en la innovación técnica y productiva; y apoderar, orientar y acompañar a la persona joven en su proceso educativo, a fin de favorecer la realización de su proyecto de vida y su autonomía personal.

En cuarto lugar, reforzar la ayuda al alquiler y/o compra o adquisición de vivienda. Para ello, ayudarían medidas como incrementar el parque público de vivienda, con reserva específica para vivienda joven; creación de cooperativas de vivienda y covivienda para población joven; creación de una bolsa de pisos para estudiantes con recursos económicos escasos, cedidos, subvencionados o apoyados por las distintas administraciones; creación de una ‘bolsa solidaria de vivienda’ en la que jóvenes con escasos recursos y/o con intención solidaria compartan vivienda con personas mayores o con alguna discapacidad; e incremento de la red de emancipación para personas jóvenes extuteladas.

En quinto lugar, abordar una correcta implementación de las posibilidades ofrecidas desde la Unión Europea, que se ha centrado en la educación y el empleo como motores de la emancipación. Algo que se ha hecho con programas como Erasmus; Erasmus Mundus; Tempus; Marie Curie; y el Plan de Garantía Juvenil, una iniciativa dirigida a jóvenes en búsqueda de empleo que no se encuentren en situación de estudiar o formarse, ni trabajando por cuenta propia o ajena.

En sexto lugar, consolidar acciones llevadas a cabo en distintos ámbitos con repercusión directa o indirecta en la eficacia de la emancipación. Por ejemplo en Salud, con la promoción coordinada de estilos de vida saludables entre las personas jóvenes, prevención de adicciones y favorecer la práctica deportiva; en Cultura, con el apoyo a la actividad cultural juvenil en sus diferentes fases; en Acción social e Igualdad, con la prevención e intervención social sobre la marginalización de las personas jóvenes, igualdad de oportunidades para los jóvenes del medio rural, para los jóvenes especialmente vulnerables e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; en Participación, con el fomento del asociacionismo juvenil y del ocio participativo y fomentar el voluntariado; y en Movilidad, con medidas como mejorar la accesibilidad de las personas jóvenes al transporte y aumentar el uso del transporte sostenible.

El equipo responsable del estudio, que se desarrolló entre octubre y diciembre de 2020, está formado por:

  • Carmen Garcia Ruiz. Actualmente es Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Loyola donde también imparte docencia en grado y máster. García Ruiz es Doctorada Europea en Derecho por la Universidad de Huelva, ha realizado estancias de investigación en Harvard Law School, Instituto Universitario Europeo de Florencia, Universidad de Paris II y forma parte de diferentes grupos y proyectos de investigación.
  • Isabel Maravall Buckwalter. Doctorada en Derecho Internacional Público con mención internacional, cum laude. Ha realizado un Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible, en la Universidad de Valencia y el Masters in International Human Rights Law, en la Universidad de Oxford. Ha realizado diversas prácticas en organismos e instituciones en el campo de los Derechos Humanos y participa en diferentes estudios y grupos de investigación.
  • Miguel Romero Velasco. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Loyola. Es Doctor y Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba. Ha desarrollado su investigación en el Área de Derecho Civil, fundamentalmente en Política Agraria y sus implicaciones registrales y catastrales, líneas de investigación que continúa y completa actualmente sobre los medios alternativos de resolución de conflictos y sobre responsabilidad civil. Igualmente trabaja sobre comparativa jurídica internacional.

 

Elaborado por la Universidad Loyola y la Fundación Don Bosco, reforzará las líneas de trabajo sobre esta realidad que irán incluidas en el Plan de Familias de Andalucía 2020-2025

 

 

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