Lepe vigila el buen uso de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida

La utilización fraudulenta de estas tarjetas está tipificada como delito de falsedad documental

La tarjeta en cuestión se concede a las personas cuya discapacidad les origina una movilidad reducida
La Policía Local de Lepe está llevando a cabo una campaña para combatir el mal uso que pudiera realizarse de las tarjetas de estacionamiento de personas con movilidad reducida, lo que supone un claro atentado contra los derechos de estas personas.

La tarjeta de estacionamiento, que se concede a personas con problemas de movilidad, no contiene información sobre el automóvil, por lo que puede ser usada en cualquier vehículo en el que se desplace dicha persona. No obstante, este documento es personal e intransferible y es obligatorio que la persona titular viaje en el vehículo que la utiliza.

La labor que están realizando los agentes de la Policía Local lepera se centra en vigilar las zonas delimitadas para el estacionamiento de personas con discapacidad, a fin de asegurar que se hace un buen uso de estos espacios.

En este sentido, en el día de ayer se procedió a la denuncia en vía judicial de un ciudadano por hacer uso fraudulento de una tarjeta de estacionamiento a nombre de otra persona. Una vez finalizadas las diligencias, el infractor deberá responder ante la Autoridad Judicial como presunto autor de un delito de falsedad documental.

Las personas con discapacidad y problemas importantes de movilidad se hallan en una clara situación de desventaja respecto de las demás personas para realizar un gran número de actividades cotidianas y, en especial, para acceder en condiciones de igualdad a los espacios y servicios comunitarios y desenvolverse con una mínima comodidad en su medio habitual de vida, de ahí la necesidad de articular mecanismos que permitan superar tales limitaciones. La tarjeta en cuestión se concede a las personas cuya discapacidad les origina una movilidad reducida, ajustándose su obtención a las disposiciones nacionales correspondientes, debiendo la Administración competente, en todo caso, entregar al beneficiario un resumen de las condiciones de utilización de la misma y asegurarse de su uso correcto y en ningún caso fraudulento.

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