Empleo resolverá en agosto las primeras ayudas a empresas y autónomos para el pago de deudas

La consejera Rocío Blanco interviniendo este miércoles en Sevilla en el desayuno organizado por la Asociación Española de Directivos (AED).
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo AutónomoRocío Blanco, ha avanzado este miércoles que su departamento va a resolver a principios de agosto las primeras solicitudes de las ayudas dirigidas al apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento de empresas y autónomos, que están financiadas con 1.109 millones de euros, y ha destacado que, pese a la “carga burocrática” que marca el decreto estatal de estas subvenciones, van a poderse tramitar en apenas dos meses los primeros expedientes.

Durante su intervención en Sevilla en un desayuno de trabajo de la AED (Asociación Española de Directivos), en la que ha abordado las principales medidas para la reactivación del mercado laboral en Andalucía, Rocío Blanco se ha referido a la aprobación, por parte del Gobierno andaluz, del decreto ley que permite la puesta en marcha de la gestión de estos fondos estatales, y ha explicado que el Ejecutivo autonómico ha actuado con “lealtad institucional porque no vamos a obstaculizar ninguna medida que beneficie a las empresas andaluzas”, aunque ha lamentado que el Gobierno de España no haya tenido en cuenta criterios de eficacia cuando diseñó el decreto ley estatal que regula estas subvenciones.

Actualmente, se mantiene abierto el plazo hasta el 15 de julio de este año para que los autónomos y empresas interesadas puedan solicitar estas subvenciones dirigidas al apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento generado durante la pandemia. Para acceder a estas subvenciones se cubren dos fases: una inicial cumplimentando un sencillo formulario en la web de la Consejería de Empleo en la que se recoge la autorización del solicitante para consultar los datos fiscales que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha de suministrar a la Junta de Andalucía para el cálculo de la ayuda; y un segundo paso de inicio al procedimiento administrativo, que se recomienda cumplimentar en los diez días posteriores a haber completado el primero. El importe subvencionado se calculará en función de la caída de la facturación y número de trabajadores de la empresa y puede oscilar entre los 3.000 y los 200.000 euros.

Movilizados 1.600 millones

La consejera ha repasado otras medidas que se han puesto en marcha desde el Gobierno andaluz para apoyar al tejido productivo a consecuencia de la pandemia, con medio centenar de actuaciones a través de decretos y órdenes con los que se han movilizado 1.600 millones de euros. En concreto, con respecto a los autónomos, Rocío Blanco ha recordado que se inyectaron 115 millones para más de 130.000 beneficiarios, sobre todo a los sectores más castigados por la crisis.

De cara a mantener el apoyo a los autónomos, Rocío Blanco ha avanzado que se van a prorrogar las ayudas autonómicas para ampliar la tarifa plana, una medida que cuenta con 28,6 millones de euros en tres años, y cuya convocatoria actual concluía en septiembre. Actualmente, 28.296 autónomos han solicitado estas ayudas, muy por encima de las previsiones iniciales.

Digitalización

En este capítulo, la consejera también ha recordado que en abril se abrió una línea de ayudas al inicio de actividad para los autónomos, con incentivos de entre 3.800 y 5.000 euros y un presupuesto de 9 millones, y que está en fase de elaboración otra línea para favorecer la digitalización en autónomos y empresas de economía social, que contará con 5 millones.

Rocío Blanco ha hecho un repaso de los efectos que han causado las restricciones a las que ha obligado la pandemia en la economía andaluza, y aunque ha señalado que algunas cifras indican un cambio de tendencia, como los números positivos de la evolución del paro interanual desde que se decretó el estado de alarma, o los datos de crecimiento en la creación de empresas (+7,8%), ha advertido que el mercado laboral andaluz continúa sufriendo problemas estructurales como la alta tasa de paro, la temporalidad o el elevado paro juvenil.

Retos económicos

Entre los retos que la economía debe afrontar tras la pandemia, la consejera ha citado la necesidad de converger en renta per cápita en el caso de Andalucía, además de otros problemas de ámbito nacional como la acumulación de la deuda pública, que supera el 120% del PIB, o el marco tributario, que puede perjudicar especialmente a las empresas en el actual periodo, sobre todo a los autónomos con la actual propuesta de cotizaciones al RETA.

A estos retos, Rocío Blanco ha añadido la necesidad de aumentar la productividad en todos los sectores y afrontar los problemas que genera la estructura empresarial, con una atomización provocada por porcentajes del 95% en el peso de las microempresas en tejido productivo.

Con respecto a la recuperación el empleo y desde el ámbito autonómico, la consejera ha señalado que los servicios públicos de empleo juegan un papel “determinante” y ha indicado que en el SAE se han potenciado la planificación y la progresiva digitalización a través de un Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo que recoge actuaciones como la puesta en marcha del perfilado estadístico de oferta y demanda, un instrumento apoyado en técnicas de ‘big data’ e inteligencia artificial que, relacionando la información de los demandantes y del tejido productivo con variables fiables, va a “modernizar el funcionamiento del SAE, en materia de encuadramiento, orientación e intermediación y que este año iniciará su desarrollo en la práctica, junto con el modelo de gestión integral del SAE que ya está en marcha”.

El impulso de un nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo, con un sistema de licitación sustitutivo de las subvenciones y la incorporación de nuevos programas y sistemas de detección de necesidades formativas, o la necesidad de aprovechar la llegada de los fondos europeos, fueron otros aspectos clave citados por Rocío Blanco para facilitar la recuperación el empleo.

Rocío Blanco confirma que se empezarán a tramitar los abonos de entre 3.000 y 200.000 euros tras apenas dos meses pese a la carga burocrática que impone la normativa estatal

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