Ponce (Cs): “Los ayuntamientos necesitan la nueva ley del suelo de la Junta para retomar sus PGOU”

María Ponce junto a Antonio Carlos Vázquez, alcalde de Rosal de la Frontera

La coordinadora de Ciudadanos en Huelva y diputada provincial, María Ponce, ha mostrado su confianza en que el Proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA) salga adelante en el Parlamento, tras el bloqueo de Vox hace un par de meses, porque “hay que poner fin al caos urbanístico que supusieron 25 años de legislación socialista en Andalucía” y porque “muchos ayuntamientos onubenses necesitan retomar sus PGOU, paralizados durante años, y reactivar la economía”.

Ponce, que ha valorado que el Consejo de Gobierno haya retomado la tramitación de esta ley del suelo que ha sido de nuevo remitida al Parlamento para que se debata a lo largo del mes de julio, ha considerado que esta ley del suelo es “imprescindible para poner orden en el caos urbanístico que nos dejaron los socialistas y dar seguridad jurídica a muchos onubenses”.

La diputada, que ha detallado que la nueva norma “simplifica la normativa, porque deroga total o parcialmente más de una veintena de leyes y decretos, y agiliza los planes de ordenación urbanística, cuya tramitación pasa de diez años a una media de un año y medio”, ha destacado que “su aprobación, en plena crisis derivada de la Covid-19, supondría un revulsivo para la recuperación económica, puesto que creará empleo gracias a la agilización de trámites y el alivio de cargas innecesarias a particulares y empresas”.

Ponce ha señalado que “60 ayuntamientos de la provincia, como el de Huelva capital, Bollullos Par del Condado, Almonaster la Real, Calañas, Sanlúcar de Barrameda o Rosal de la Frontera, que lleva años dependiendo de normas subsidarias, y 500 en el conjunto de Andalucía tienen sus PGOU atascados por la maraña normativa de la LOUA y están esperando esta ley para desbloquerlos, ya que su tramitación permitirá construir viviendas, parques, centros de salud, colegios… Además, de que esta ley incluye el decreto de regularización de viviendas con el que beneficiamos a 300.000 familias andaluzas”.

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