El Juzgado de Primera Instancia 1 de Aracena ha dictado con fecha 23-11-2021 y acaba de notificar un auto de exoneración de todas las deudas que una aracenense tenía con entidades financieras y proveedores, procedentes del hundimiento de su negocio de hostelería como consecuencia de la crisis económica. El total de las deudas canceladas asciende a casi 60.000 euros. La deudora, M.M.G., podrá ahora retomar su actividad económica sin el lastre de embargos ni deudas pasadas.
Esta resolución, cuya denominación técnica es «beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos» (BEPI) es la primera de ese tipo que se ha dictado en el partido judicial de Aracena. La Juez titular ha aplicado la Ley de Segunda Oportunidad, promulgada en 2015, que permite a las personas físicas insolventes, sean trabajadores por cuenta ajena o empresarios, quedar liberados de sus deudas pasadas y empezar de cero. La resolución se debe cumplir inmediatamente y no se puede recurrir, por lo que MMG podrá exigir con todo derecho a sus acreedores y a cualquier registro de morosidad que cancelen todas sus deudas pasadas.
MMG puso en su día en marcha un negocio de hostelería, que se vino abajo como consecuencia de la crisis económica. Al cerrar el negocio se vio obligada a dejar de pagar sus préstamos. Las entidades financieras consiguieron embargar judicialmente sus ingresos y sus cuentas bancarias, por lo que MMG ha venido afrontando enormes dificultades en los últimos años para poder hacer una vida normal.
El procedimiento ha sido tramitado por el bufete onubense Moreana | Abogados, que fue pionero en el impulso de expedientes de segunda oportunidad y ha conseguido exoneraciones hasta la fecha en diversos lugares de España por un total de más de 15 millones de euros. Según Carlos Fidalgo, titular del bufete y profesor en la Universidad de Sevilla, «la segunda oportunidad es un procedimiento idóneo para cancelar las deudas de particulares de buena fe que se arruinaron afectados por la crisis de 2008, pero no solo para ellos, también para los damnificados hoy por la crisis Covid».
El requisito básico de esta exoneración, resalta Fidalgo, es que el deudor sea de buena fe, lo cual, según la Ley de Segunda Oportunidad, significa que su ruina se haya producido por las circunstancias adversas de la economía, no por negligencia ni defraudaciones a sus acreedores ni irregularidades contables. Para conseguir este beneficio, el deudor tiene que solicitar como primer paso, generalmente ante Notario, una mediación para refinanciar sus deudas. Si la mediación fracasa, el expediente pasa al Juzgado competente que tramita la liquidación y exoneración de deudas.
«El mecanismo de segunda oportunidad es un procedimiento muy desconocido», afirma Fidalgo. «Para colmo, actualmente el Gobierno está impulsando una reforma que podría dificultar el acceso a esta vía, fundamentalmente porque se pretende blindar los créditos de la Agencia Tributaria y otras entidades públicas». Esta reforma en ciernes, que será considerada en el Congreso en las próximas semanas, ha sido muy criticada por los profesionales del sector, pues dejaría a muchos deudores insolventes excluidos de la segunda oportunidad.
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