La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía Feragua se ha referido a 2022 como «otro año en blanco de nuevas infraestructuras hidráulicas» y ha lamentado que desde la entrada en servicio de la Breña II en 2009 «no se ha empezado una sola obra de regulación en toda Andalucía», con la única excepción de la presa de Alcolea en Huelva, que «está ejecutada al veinte por ciento y paralizada sine die».
Del resto de obras contempladas en los planes hidrológicos que en este tiempo se han sucedido, «sin rastro material de momento», señala Feragua. «La más adelantada está en fase de redacción de proyecto, la mayoría no tiene ni proyecto encargado y otras, igual que aparecieron, desaparecieron de los planes».
La asociación se pregunta «¿por qué no una ley de emergencia que acelere las presas recogidas por la planificación hidrológica? Que no ha habido voluntad política de hacer obras de regulación es bien conocido. Que sigue sin haberla, es también indudable».
Feragua recuerda que ha solicitado la declaración de emergencia de las presas previstas en la planificación hidrológica (Recrecimiento Agrio, Cerrada de la Puerta y San Calixto), recordando el presupuesto de la ley 6/1983 sobre medidas excepcionales contra la sequía, promovida por el Gobierno de Felipe González. Dicha ley declaró de urgencia y de interés general treinta embalses en España, de los cuales nueve estaban en ámbito de la Cuenca Guadalquivir. Sumados a los otros once embalses que ya estaban recogidos en la planificación hidrológica y que igualmente se vieron acelerados en su tramitación, esta ley permitió construir veinte presas en la Cuenca en tres legislaturas. «Si se pudieron entonces hacer veinte embalses en doce años, en los próximos doce se podrían hacer al menos tres», indica Feragua.
La pasada campaña estuvo marcada por las restricciones en todas las cuencas andaluzas, tanto las cuencas litorales de competencia autonómica como el Guadalquivir, de competencia estatal, donde los regantes de la Regulación General «apenas pudimos disponer de un tercio de una dotación normal», apunta la asociación, que argumenta que los agricultores «tuvieron que cambiar la planificación hacia cultivos de menor rentabilidad; terrenos dejados en barbecho y una pérdida generalizada de la producción, con un daño económico estimado superior a los 500 millones de euros solo en el ámbito del Guadalquivir. Y todo ello, después de tres campañas consecutivas de restricciones».
A juicio de Feragua, «nada ha escenificado mejor la situación hidrológica de Andalucía que la caída del nivel de almacenamiento de los embalses del Tinto-Odiel-Piedras», que, por primera vez en la historia de esta cuenca, obligó al Comité de Gestión de Sequía a establecer una restricción del riego del 25%. Una situación inédita en la historia del regadío onubense, que en sus cincuenta años de trayectoria «nunca había sufrido una situación como esta, aunque las lluvias de diciembre han venido a revertir en gran medida esta situación y permiten concebir la esperanza de una campaña normal».
Por otro lado, lamenta que no se haya buscado soluciones políticas a la subida del precio de la electricidad. «Las comunidades de regantes están pagando hoy entre cinco y seis veces más que hace dos años, debido a un incremento de la factura que les presentan las comercializadoras eléctricas que oscila entre el 400 y el 490%». Este sobrecoste es tan importante que, para las explotaciones agrícolas, el precio de la factura eléctrica ya supera las propias ayudas europeas recibidas a través de la PAC, asegura Feragua. «De modo que podría decirse que la subvención comunitaria a la agricultura de riego va directamente a los bolsillos de las eléctricas y sus consejos de administración poblados de políticos». En este contexto, lamenta que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) «siga de brazos cruzados. Cero concesiones al regadío. Ni la reducción del IVA del 21% al 5%, en sintonía con los países de nuestro entorno. Ni siquiera la posibilidad de contratar la doble potencia, ya aprobada hasta en tres leyes, y pendiente de un desarrollo reglamentario que el Ejecutivo no tiene intención alguna de concretar».
Por último, Feragua critica los cambios recientes introducidos en los reglamentos sobre plantas fotovoltaicas y dominio público hidráulico. En este sentido, señala que «nos oponemos a que las presas o balsas de titularidad pública o privada adscritas a zonas regables estén sometidas al pago de ninguna tasa o impuesto». De igual modo, se muestra en desacuerdo con que «no se planteen caudales ecológicos mínimos en circunstancias de escasez como las actuales, con fuertes restricciones para el regadío y unos caudales ecológicos que se desembalsan como si estuviéramos en circunstancias de normalidad hidrológica».
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