El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del inicio de la tramitación de las ayudas complementarias a la restauración ecológica y la renaturalización en el ámbito agrario y forestal, en el marco de las iniciativas para el desarrollo socioeconómico sostenible del área de influencia del Espacio Natural de Doñana.
Estas ayudas propias de la Junta de Andalucía se tramitan de forma paralela a la convocatoria estatal impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad, dotada inicialmente con 28,5 millones de euros. El objetivo es complementar la línea estatal con recursos adicionales que refuercen el impacto ambiental y socioeconómico de las actuaciones previstas en la zona. El proceso se inicia con la apertura del plazo de consultas públicas previas, que estará vigente hasta el 25 de septiembre.
La finalidad de estas ayudas de la Junta de Andalucía será fomentar intervenciones que contribuyan a recuperar el funcionamiento ecológico de terrenos agrícolas y forestales degradados. Las bases reguladoras, actualmente en redacción, contemplarán medidas como la forestación, la creación de nuevas superficies forestales, su mantenimiento, así como acciones complementarias que refuercen el uso natural y la resiliencia de estos ecosistemas.
Se prevé que el importe máximo por hectárea pueda alcanzar los 20.000 euros, con un compromiso de mantenimiento de las actuaciones durante un periodo de 30 años. Las ayudas se dirigirán a explotaciones ubicadas en los municipios incluidos dentro del ámbito territorial del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana. Concretamente, podrán beneficiarse las fincas situadas en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos en la provincia de Huelva.
Estas ayudas forman parte del conjunto de medidas previstas por la Junta de Andalucía para dinamizar la transición ecológica del territorio y ofrecer alternativas sostenibles al sector agrario y ganadero, en línea con los compromisos adquiridos en el Protocolo firmado el 27 de noviembre de 2023 entre la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El acuerdo, centrado en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo territorial, prevé una inversión conjunta de 1.434 millones de euros durante el periodo 2023-2027, de los cuales 728,9 corresponden a actuaciones financiadas directamente por la Junta de Andalucía. Posteriormente, el compromiso financiero del Gobierno andaluz se ha ampliado hasta los 852,3 millones de euros, alcanzando ya un grado de ejecución superior a los 428 millones de euros, lo que supone más del 58% del total comprometido.
El área de actuación comprende catorce municipios distribuidos en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz: Sanlúcar de Barrameda, Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa. Todos ellos conforman la zona de influencia del Espacio Natural de Doñana, un enclave estratégico desde el punto de vista ecológico, socioeconómico y climático.
Doñana es uno de los mayores patrimonios naturales de Europa. Su biodiversidad, su papel en las rutas migratorias de aves y su mosaico de ecosistemas han dado lugar a un amplio reconocimiento internacional: Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la Humanidad, Zona de Especial Conservación (ZEC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), miembro de la Lista Verde de la UICN y espacio certificado con la Carta Europea de Turismo Sostenible, entre otras figuras.
En las últimas décadas, ha sufrido una progresiva degradación ambiental, resultado de la presión sobre los recursos naturales, el uso intensivo del agua y las alteraciones en los patrones climáticos. A ello se suman los efectos directos del cambio climático: veranos más prolongados, reducción de precipitaciones y menor disponibilidad hídrica. La situación ha generado una preocupación por parte de organismos como Unesco, Ramsar o la UE, que han emitido advertencias sobre su estado de conservación.
En este contexto, la Junta de Andalucía defiende la necesidad de adoptar un enfoque integral que garantice la compatibilidad entre el desarrollo socioeconómico de los municipios del entorno y la recuperación ambiental del espacio natural. Para ello, apuesta por medidas que incentiven la transición productiva hacia modelos más sostenibles, fomentando actividades que generen valor, empleo y estabilidad territorial sin comprometer los recursos naturales de los que dependen.
Las ayudas complementarias serán, por tanto, una herramienta clave para promover esta transformación. Están diseñadas para reforzar la eficacia de las actuaciones del Estado y garantizar que la restauración ecológica de los terrenos degradados tenga, además de una base técnica y científica sólida, un respaldo económico suficiente para ser viable a largo plazo. Su diseño participativo busca incorporar las aportaciones de ciudadanos, entidades agrarias, ambientales y sociales para responder de forma efectiva a las necesidades del territorio.
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