FACUA-Consumidores en Acción considera inaceptable que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pretenda trasladar a los consumidores el coste económico del apagón generalizado que sufrió la península el pasado 28 de abril de 2025.
La asociación ha presentado ante la Comisión sus alegaciones a la Propuesta de Resolución por la que se establecen los criterios para la liquidación por el operador del sistema de los días 28 y 28 de abril de 2025 y que viene a fijar la forma en la que se van a imputar los costes derivados de esta situación.
En este sentido, FACUA señala que no resulta procedente cargar en los usuarios finales del servicio eléctrico parte de estos costes, toda vez que el diagnóstico oficial del incidente apunta a que el origen se debió a un cúmulo de factores y una pluralidad de agentes, ninguno de ellos relacionado con los consumidores domésticos.
El texto fija que la traslación se produzca de forma indirecta: el operador del sistema liquida y asigna las obligaciones de pago que son incorporadas a los precios ofertados, repercutiéndolos a los usuarios finales ya sea en la tarifa semirregulada PVPC o a través de las modalidades del mercado libre.
La asociación incide en que, de salir adelante, se sienta un precedente muy peligroso. Imputar a los consumidores domésticos los costes del apagón de abril de 2025 supone no sólo no indemnizar o resarcir a los usuarios por una interrupción del suministro —derecho que tienen recogido en virtud de la normativa del sector eléctrico— sino hacerle cargar con los problemas derivados. En definitiva, los consumidores soportan el daño y, además, contribuyen a financiar sus consecuencias.
Práctica abusiva
FACUA recuerda que el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, recoge como práctica abusiva «trasladar al consumidor las consecuencias económicas de fallos o errores de gestión no imputables directamente a él».
Así, teniendo en cuenta que los informes sobre el incidente no señalan a los usuarios finales como responsables de ninguna parte de la cadena que llevó al apagón de abril de 2025, imputarle estos costes, incluso aunque sólo sea parcialmente, supondría una práctica abusiva y contraria a la legislación. Legislación que ninguna propuesta de resolución puede vulnerar.
La asociación, por tanto, insta a la CNMC que articule mecanismos que permitan, una vez determinadas finalmente las responsabilidades, repercutir dichos costes a los sujetos y agentes que efectivamente contribuyesen al fallo del sistema, evitando que se conviertan en una carga para los consumidores domésticos, completamente ajenos a los motivos que llevaron a la interrupción del sistema eléctrico.
La asociación señala que entre las múltiples causas que propiciaron la interrupción generalizada del suministro no se encuentran en ningún caso los usuarios del servicio eléctrico doméstico
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