Izquierda Unida defenderá este miércoles en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para impulsar la creación de un comisionado específico que coordine a las distintas administraciones públicas y dé una respuesta integral a la situación de la población temporera en la provincia de Huelva.
La iniciativa, registrada por el diputado en el Congreso Francisco Sierra Caballero y elaborada conjuntamente con el coordinador provincial de IU Huelva, Marcos Toti, busca poner fin a «décadas de descoordinación institucional» en torno a los asentamientos chabolistas y «avanzar hacia soluciones estructurales que garanticen derechos básicos».
Según el texto de la propuesta, Huelva —referente europeo en la producción de frutos rojos— mantiene una “realidad difícilmente justificable”, con «miles de trabajadores temporeros viviendo en asentamientos en condiciones infrahumanas, muchos de ellos sin acceso a agua potable, electricidad o condiciones mínimas de habitabilidad”.
La iniciativa subraya que esta situación no solo supone un problema social, sino también «un desafío para la sostenibilidad del modelo productivo agrícola», que “no puede limitarse a lo ambiental o económico, sino que debe ser, ante todo, humana”.
El eje central de la propuesta es la creación de un comisionado que actúe como figura de coordinación entre administraciones locales, autonómicas y estatales. Su función sería mediar, supervisar y garantizar que los compromisos adquiridos se traduzcan en actuaciones reales sobre el terreno para que «se puedan cumplir los derechos humanos en las zonas agrícolas de la provincia”.
Desde IU defienden que esta herramienta permitiría “desbloquear la actual situación de inacción”, facilitando la cooperación institucional y el seguimiento de las políticas públicas destinadas a erradicar los asentamientos chabolistas.
En este sentido, recuerdan que, pese a la existencia de planes y financiación —como los acuerdos firmados en el entorno de Doñana o las iniciativas autonómicas—, la situación de los temporeros «no ha mejorado de forma significativa, persistiendo problemas como incendios en asentamientos, falta de acceso a servicios básicos o dificultades para el empadronamiento».
Una respuesta urgente a una “emergencia social”
La propuesta de IU pone el acento en la urgencia de actuar ante una realidad que califican de “emergencia humanitaria”, con condiciones de vida que «han sido comparadas por organismos internacionales con las de campos de refugiados».
Entre las medidas planteadas, además de la creación del comisionado, se incluye que se lleven a cabo “actuaciones inmediatas» como el acceso al agua potable, la recogida de residuos o la mejora de las condiciones sanitarias, junto a soluciones estructurales como «el desarrollo de alojamientos dignos, la regularización administrativa y la protección específica de mujeres y menores”.
La iniciativa defiende que garantizar los derechos de la población temporera no es solo una cuestión de justicia social, sino también «una condición imprescindible para asegurar la viabilidad y la reputación internacional del sector agrícola onubense».
Con esta PNL, IU pretende situar en la agenda política estatal un problema “histórico” de la provincia de Huelva y forzar una «respuesta coordinada» que ·ponga fin a la precariedad en la que viven miles de trabajadores esenciales para la economía del territorio».
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