El PSOE asegura que la nueva de Ley de Servicios Sociales dará “rango legal” a las prestaciones

El objetivo es que dejen de ser ayudas para convertirse en derechos

Márquez ha pedido a los grupos políticos de la Cámara andaluza que se unan a este proyecto de ley

La vicesecretaria general del PSOE de Huelva y parlamentaria andaluza, María Márquez, ha subrayado que con la nueva Ley de Servicios Sociales, que se debatirá el próximo miércoles en el Parlamento de Andalucía, se quiere dar “rango legal a los servicios sociales en Andalucía con un sistema que permita un salto cualitativo para pasar de las ayudas y subvenciones a los derechos garantizados”.

Márquez ha asegurado que esta ley “se ha diseñado con el fin de construir un instrumento para consolidar, fortalecer y modernizar nuestro sistema de los servicios sociales, garantizando un acceso universal, útil, ágil y eficiente” y ha añadido que cuando este proceso parlamentario termine, “podremos decir que Andalucía va a tener la ley más avanzada de todas las comunidades autónomas de este país, y además, los servicios sociales son un potente creador de empleo”. Por ello, ha pedido al resto de grupos políticos representados en la Cámara andaluza que se unan a este proyecto de ley, “dejando atrás los recortes que tantísimo daño han hecho y fortaleciendo los derechos sociales que den dignidad a la gente”.

Márquez ha indicado que en 2015 un millón de personas han pasado por los servicios sociales, demandando una pensión no contributiva, el reconocimiento de una discapacidad, la teleasistencia, ayuda a domicilio o atención por algún problema, “y han necesitado acudir a su Ayuntamiento buscando una respuesta”. En este sentido, la parlamentaria andaluza incide en que esta ley busca dar una respuesta, “sin trabas burocráticas, y garantizando y asegurando las competencias de las entidades locales en materia de servicios sociales, que con la reforma de la administración local del PP estaban condenadas a desaparecer”.

Con esta ley, opina la dirigente socialista, se crearán nuevos derechos, “pudiendo el usuario decidir su intervención y disponer de un profesional de referencia que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención”. También, la futura ley contará con un mapa de los servicios sociales para conocer las necesidades de las distintas zonas, y se creará una red andaluza de investigación de las políticas sociales, especialmente orientadas a la formación.

 

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