El Parlamento andaluz aprobó ayer jueves una iniciativa presentada por los socialistas para pedir al Gobierno central que establezca un tratamiento fiscal específico para los emigrantes retornados; una medida que afectaría a unas 10.000 personas de la provincia.
En concreto, la propuesta aprobada pide al Gobierno central que se establezca un tratamiento fiscal específico para las pensiones públicas en el extranjero, que permita la aplicación directa, por parte de la Administración, de las figuras tributarias que correspondan a cada situación y que eviten la necesidad de regularizaciones posteriores. La propuesta del PSOE fue aprobada con el apoyo de Podemos, Ciudadanos e IULV-CA y el apoyo parcial del PP-A.
En la iniciativa, se propone establecer medios para que, como cualquier contribuyente, los emigrantes retornados reciban su borrador de la renta con todos los ingresos a declarar; así como diseñar un procedimiento de homologación de las pensiones públicas del extranjero, para posibilitar que se pueda aplicar la exención directamente en la declaración del IRPF y evitar los recursos que se ven obligados a plantear con pensiones públicas de otros países.
Un grupo de emigrantes retornados de la provincia, acompañado de varios diputados y senadores onubenses, acudió ayer al Parlamento para conocer, de primera mano, el resultado de la iniciativa defendida en la Cámara andaluza por el portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez.
Equiparar las pensiones
La diputada onubense Pepa González Bayo, ha resaltado la necesidad de que estas personas reciban una atención especial y específica «para que se aclare la situación de cada una de ellas, y se equiparen sus pensiones a las del extranjero”. En esta línea, la socialista tildó de “injusto” el trato que están recibiendo 800.000 retornados en todo el país, «al querer recaudarles cantidades extraordinarias, ocasionando de esta manera graves consecuencias, especialmente, a los pensionistas”.
González Bayo ha insistido en la necesidad de que se devuelvan a estas personas las sanciones y recargos aplicados injustamente, ya que no declaraban sus pensiones en España «debido a que, desde la Agencia Tributaria, siempre les habían dicho que no era necesario hacerlo, En cambio, en marzo de 2013 se produjo un cambio de criterio y Hacienda empezó a obligarles a tributar con carácter retroactivo, lo que generó unas multas e intereses que llegaban a incrementar la cantidad a abonar en más de un 25 por ciento”.
El PSOE ha llevado mociones a los ayuntamientos y a la Diputación de Huelva instando al Gobierno central a que dé un trato fiscal adecuado y justo a los 10.000 emigrantes retornados de la provincia. En dicha iniciativa se ha pedido la devolución de los importes cobrados indebidamente a los pensionistas retornados. Además, tras una reunión con representantes de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FEAER), el PSOE en el Congreso de los Diputados ha llevado una iniciativa para pedir al Gobierno central que se atienda las reivindicaciones de estas personas.
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