
Por un lado, los reguladores del sistema financiero, Banco Central Europeo y Banco de España, y por otro, las agencias de calificación, siguen con su mirada puesta en el sistema financiero en su conjunto, pero muy especialmente de la franja sur, entre ellos España. Esto provoca una fuerte tensión entre los directivos de todas las entidades hasta el punto, por ejemplo, que este mismo jueves, en una reunión con inversores en Londres organizada por la firma de análisis JPMorgan, el consejero delegado de Caixabank anunciara que ya en el año 2016 se van a cerrar 310 oficinas en España -algunas serán de Huelva también, como es lógico- y que en el plan estratégico para el periodo 2015-2018 el objetivo es eliminar 600 sucursales que llevará la baja de 3.000 puestos de trabajo.
Pero es el mismo Banco Santander, hace unos días, también anunció que cerrará 400 oficinas de la red comercial y que igualmente reducirá empleo, algo que ya se ha empezado a negociar. Se buscan oficinas de mayor tamaño para poder dar un mejor servicio y no el modelo de las que tienen entre uno y tres empleados. Como mínimo ocho, dejando las tradicionales labores mecánicas y transacionales en la banca electrónica y en cajeros, cada vez más sofisticados, en los que pueden realizar ya casi topo tipo de operaciones: sacar e ingresar dinero, ver extractos, posición global y hasta pagar recibos.

Y lo mismo ha adelantado el consejero delegado del BBVA en unas declaraciones en un encuentro a nivel europeo. Se expresó claramente en que «con la transformación digital que está viviendo la banca» no tiene sentido una red de 3.000 oficinas que tiene actualmente el banco en España» y pronosticó que, a largo plazo, la dimensión ideal podría rondar las mil sucursales.
Pero es que Unicaja tiene previsto completar los requerimientos impuestos por la Comisión Europea dentro de su plan de reestructuración para el 2016 que incluía reducción también en el número de oficinas y para ello ya ha comunicado a los sindicatos de la entidad la necesidad de constituir una mesa de negociación para el inicio de un proceso de reducción de personal.
A este nuevo modelo, que viene impuesto por los reguladores, no podían estar ajenas también las Cajas Rurales, que han tenido que mantener oficinas en municipios donde el propio Ayuntamiento trabajaba con entidades que no tenían ni oficinas abiertas en la localidad y, además, lo anunciaban a ‘bombo y platillo’ en su revista de feria a los vecinos, que ya se han encargado de rebatir a su alcalde en redes sociales cuando el pueblo se ha quedado sin ninguna oficina bancaria.
UN NUEVO MODELO DE RED DE SUCURSALES QUE VIENE IMPUESTO
La decisión última de todo este proceso no está en manos de los directivos de las entidades financieras, sino que viene impuesto. En un anterior análisis, ya comentamos que el economista jefe del Banco Central Europeo, Peter Praet, reconocía que el sistema financiero europeo se está enfrentando a un «grave schok» -decía- de rentabilidad como consecuencia de mayores costes, sobrecapacidad competitiva y exceso de activos tóxicos en algunos países.
Por tanto, todo el sistema financiero español y europeo, sea grande o mediana la entidad, más o menos rentable, y con buenos ratios incluso de solvencia y solidez, lleva a replantearse el modelo porque, al final, tienen que rendir cuenta ante los reguladores, pero también ante sus propios socios o accionistas, que son los únicos propietarios de cada entidad y no otros agentes externos que aprovechan la ocasión para ganar proyección pública. Esos tiempos, y queda el mal recuerdo del daño causado por la politización de las Cajas de Ahorros, ya han pasado. La digitalización y el rápido desarrollo de canales multimediales están cambiando el papel clásico de la sucursal física; a lo que hay que unir las nuevas direcciones regulatorias y el entorno de tipos de interés bajos, con lo cual, cualquier directivo responsable, por mucho que le pese en determinados momentos, se tiene que encaminar a la búsqueda de una mayor eficiencia.
Porque. además, no se puede permanecer ajeno al incierto panorama sobre la futura estabilidad de Gobierno en España ni tampoco al referéndum del ‘Brexit’ que Inglaterra tiene convocado, ni tampoco a la posición de la deuda griega. La agencia de calificación ‘Standard&Poor’s’ alertaba ya este mismo jueves de estos nubarrones en el horizonte y la bolsa comenzó a bajar, al tiempo que Pedro Sánchez se manifestaba rotundamente en contra de la alternativa, tras el 26-J, de una gran coalición, marcando rumbo hacía Podemos y sus confluencias con el respaldo por detrás de los partidos secesionistas que quieren trocear el Estado y desmontar el sistema constitucional vigente. Hasta tal punto se empieza a perder la noción de lo importante en estos tiempos convulsos que, hasta el partido de Copa del Rey que tienen que jugar el domingo Sevilla y Barcelona, se ha rodeado de un ambiente caldeado por el uso de las banderas no oficiales en los partidos que juega el equipo catalán, que por cierto tiene más peñas en el resto de España -Huelva tiene varias- que en su propia Comunidad. El catalanismo cerrado se ha apropiado también de este club en esa carrera alocada -que tiene malas connotaciones económicas de producirse para los propios catalanes- hacia un enfrentamiento, además, ‘victímista’ ante el resto de España. Peligrosos tiempos en los que el sistema financiero tiene que mantenerse estable, sin más sobresaltos, porque ya hemos conocido el ‘corralito’ griego durante unos meses terribles y eso, aunque no se diga, es lo que ya está generando, en muchos ciudadanos, un fuerte retraimiento en el consumo de las familias que está oculto en los estudios macro económicos, pero que padecen muchas pymes y autonómos, sobre todo en el sector comercio, hostelero y de restauración. Basta preguntar y ver el cierre continuo de negocios en el centro de las ciudades.
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