A fin de salvar las recomendaciones y manfestaciones hechas tanto por el secretario e interventor municipal en sus informes, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, deja constancia en la Propuesta que eleva al Pleno «en relación con a expropiación por causa de interés social, del paquete accionarial del Real Club Recreativo de Huelva, sociedad anónima deportiva (SAD) que se detalla» y que se corresponde con las que posee la empresa Gildoy, que «este Ayuntamiento pretende, con esta medida -dice textualmente en su escrito- evitar la desaparición del Bien Cultural Protegido, el Real Club Recreativo de Huelva, y una vez preservada la continuidad y viabilidad del mismo, devolver el club a la iniciativa privada, por lo que daría cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional Novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local)».
Además de este compromiso de temporalidad, que la la misma Ley citada, obligaba que en «tres meses desde la entrada en vigor de la misma se trasmitieran las participaciones que las entidades locales o sus unidades dependientes tuvieran sobre entidades que no se encontraran en situación de superávit, equilibrio o resultados positivos de explotación», la propuesta al Pleno que el alcalde ha redactado hace constar, de manera detallada y aportando documentos como las cuentas anuales del 2014-2015, con su memoria, de la SAD, además del incompleto informe de auditoria de Hispanocontrol, que fuera llevado a la Junta General de Accionistas de mayo, que a «la vista de análisis patrimonial -dice el texto que va a Pleno- presenta un fondo de maniobra negativo a 30 de junio el 2015, motivado por la deuda contraída con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, lo que determina la incapacidad de la misma de autofinanciarse a corto plazo y la falta de liquidez para hacer frente a la deudas a corto plazo».
Y añade en el punto 3º de la Propuesta que «el resultado del ejercicio 2014-2015 ya asciende a -1.163.967,78 euros, alcanzando las pérdidas acumuladas a 30 de junio del 2015 el importe de 17.383.724,33 euros» y en el punto 4º de la misma Propuesta que va a Pleno considera el alcalde que «esta documentación refleja la situación al 30 de junio de 2015, sin considerar los gastos realizados durante a última temporada y el hecho de que la mayor parte de trabajadores y jugadores tienen deudas derivadas del impago de sus salarios por el club», Todo ello se hace constar por el alcalde en su escrito al Pleno para atender lo requerido por el secretario municipal en el punto 1º de las conclusiones de el informe que ya conocen todos los concejales y en el que «resulta necesario -dice- que se justifique y motive rigurosamente tal extremo en el expediente, así como el incumplimiento esenciales de las obligaciones esenciales necesarias para su mantenimiento por parte del actual propietario de la sociedad que ejerce actualmente la actividad protegida, y la solución previsible que puede suponer la intervención del Ayuntamiento, y que estas circunstancias son las que podrían determinar la concurrencia de ‘justa causa expropiandi'».
CONCLUSIONES DEL SECRETARIO MUNICIPAL
Y en cuanto a la temporalidad de la propiedad de las acciones expropiadas. el mismo secretario municipal en su informe se remite a la misma Ley e Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y sin perjuicio de que al respecto pudiera dictaminar la Intervención Municipal, «de valorarse -dice el informe del secretario del Ayuntamiento- especialmente la circunstancia de que la medida expropiatoria se adopta exclusivamente con el fin de evitar la desaparición del Bien Cultural protegido, por lo que una vez preservada la continuidad y viabilidad del mismo, y debidamente estructurada y planificad la gestión de la sociedad que ejerce la actividad, el Ayuntamiento debe plantearse las más pronta devolución de la misma a la iniciativa privada, a la vista del de la evidente dificultad, precisamente desde la perspectiva de la propia Ley de Racionalización y Sostenibilidad , que presenta el hecho de que un Ayuntamiento en las condiciones financieras, en las que se encuentran el de Huelva, pueda desarrollar una competencia ‘impropia’ como la gestión de un club del fútbol profesional”.
LA PARTE MAS COMPLICADA DEL INFORME DEL INTERVENTOR
Sin duda, de los dos informes de los técnicos municipales, el que más se debe estar estudiando por los concejales componentes de la Corporación, con asesoramiento externo de expertos en Derecho Administrativo, es la parte en la que interventor en el informe que ha realizado, de no más de 4.500 caracteres, folio y un poco más, afirma, en referencia a la citada anteriormente Disposición Adicional, en su punto 1, que «excluye -recoge el escrito que va al Pleno de este lunes- la posibilidad de que las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas dependientes adquieran, constituyan o participen en la constitución., directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones unidades o demás entes durante el tiempo de vigencia de si pan económico-financiero o de su plan de ajuste, como es el caso del Ayuntamiento de Huelva y además, excepcionalmente, durante la vigencia del plan de ajuste, únicamente sería posible hacer aportaciones patrimoniales a sociedades mercantiles locales si se ha cumplido con los objetivos de estabilidad financiera, deuda pública y periodo medio de pago en el ejercicio anterior, objetivos que no se han cumplido por este Ayuntamiento», sentencia en este informe desde la Intervención.
Recuerda también el mismo «por último que, con carácter previo, es necesario el informe jurídico de la Secretaría General, que determine si el posible gasto a realizar se incluye entre las materias sobre los que los municipios pueden competencias en los términos establecidos por la Ley7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local».
PROCEDIMIENTO ‘NOVEDOSO Y APASIONANTE’ PARA EL ALCALDE
Después de estos informes, se entiende mejor por qué el alcalde Gabriel Cruz en entrevista realizada en la televisión municipal, nada más hacer público que el Ayuntamiento iniciaba el expediente de expropiación de las acciones de Gildoy para salvar el Bien de Interés Cultural, por razones etnológica, afirmaba que estamos ante un «procedimiento novedoso y apasionante desde el punto de vista técnico-jurídico». Porque ademas es que, si el Pleno Municipal, como se espera, el llevar a cabo el expediente de expropiación quedaría elaborarlo formalmente como tal y someterlo a información pública, y si no hay alegaciones u objeciones al mismo, es cuando se podría ocupar formalmente el Bien expropiado, es decir las acciones de Gildoy y empezar a gestionar ya la SAD. Si las hubiera, nuevamente con el informe de los técnicos, el expediente expropiatorio por causa forzosa de interés social, tendría que volver al Pleno para su estudio y tendría que sometido a votación por los miembros de la Corporación. Este procedimiento administrativo es lo que marcará si antes del 30 de junio los consejeros que nombre del Ayuntamiento, podrían empezar a gestionar la sociedad, en sus derechos, obligaciones y contingencias, entre otras los pagos pendientes y el cumplimiento del convenio de acreedores y negociar con la Agencia Tributaria y TGSS (puesto que al ser una sociedad que pasa a ser controlada en un 98,8% por el Ayuntamiento) ya se estaría hablando entre Administraciones Públicas y podría acordarse el levantamiento de los embargos de las cuentas de la SAD y paralizarse la subasta de la Deportiva el 30 de junio, fecha en la que está ya anunciada.
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