El viernes entra en vigor la ley de Auditoría, que endurece incompatibilidades

La ley fija un periodo máximo de rotación de diez años, de manera que se limita el periodo de tiempo consecutivo en que una firma puede auditar las cuentas de una empresa. Sin embargo, este periodo máximo de rotación es ampliable a otros cuatro años si se celebra un concurso público y si se realiza la labor junto con otro nuevo auditor.

Ya algunas empresas del Ibex han decidido sustituir a su auditor de cuentas, bien desde el ejercicio 2016 o bien desde el próximo. Bankinter y Santander cambian de Deloitte a PwC; Acerinox, sustituirá a KPMG por PwC; Enagás empieza a trabajar con EY tras dejar Deloitte; Indra sustituirá a KPMG por Deloitte y  Telefónica, que cambiará a EY por PwC.

Por su parte, Ibredrola sustituirá a EY por KPMG y AENA sustituirá a PwC también por KPMG.

Más novedades

Otra de las novedades es que obliga a todas las EIP a contar con un comité de auditoría, semejante al que tienen las sociedades cotizadas, cuyas funciones serán supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se consideran EIP las entidades de crédito, aseguradoras y cotizadas, incluidas las que operan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), entre otras ya vigentes, como instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y sociedades de garantía recíproca.

Los auditores denunciaron que con la definición de entidades de interés público que se incluía en el proyecto de ley de Auditoría habría entre 9.000 y 10.000 entidades de este tipo, tres veces más que en Alemania. Como consecuencia, además del incremento de las tasas, se generaría una gran distorsión en el mercado y se encarecerían los costes de las empresas.

Sin embargo, en octubre del año pasado, el Gobierno delimitó el concepto de EIP en línea con los estándares europeos, lo que supuso una reducción en el número de sociedades de este tipo del 74%, desde 7.000 hasta 1.800. Los auditores recibieron positivamente esta decisión al considerar que daba «un respiro» al sector ante la nueva ley.

Honorarios

La nueva ley limita los honorarios percibidos por el auditor de EIP mediante dos vías. Primero, en el caso de servicios distintos de la auditoría, la retribución no puede superar durante tres o más ejercicios consecutivos el 70% de la media de honorarios por servicios de auditoría percibidos durante los tres últimos ejercicios. Se excluyen los recibidos por servicios por derecho nacional o de la UE. Además, por razones de concentración y para evitar la dependencia financiera respecto a una misma entidad, con carácter general los honorarios de ésta no puedan superar en los tres últimos ejercicios el 15% del total de ingresos percibidos por la sociedad auditora.

También serán incompatibles los servicios fiscales y de valoración, excepto si no tienen efecto directo en los estados auditados o son de poca importancia relativa. Incluso determinados familiares del auditor tampoco pueden prestar esos servicios incompatibles a la entidad auditada.

En un intento de reforzar la independencia de los auditores, se han fijado hasta once servicios incompatibles que el auditor no puede prestar a la auditada que sea EIP, su matriz y sus vinculadas. Entre estos servicios se encuentran los de contabilidad, auditoría interna, abogacía o diseño de procedimientos de control interno o gestión de riesgos relacionados con la información financiera.

Contra la ley europea

En distintas ocasiones, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha denunciado que el proyecto de ley de Auditoría no está en línea con la normativa europea ni con las propuesta del Consejo de Estado y que, incluso, en algunas cuestiones es contrario. Es más, cuando la ley fue aprobada en el Senado, en julio del 2015, la patronal del MAB consideró que la nueva regulación sentaría las bases para una vuelta de la confianza al mercado alternativo tras el escándalo de Gowex.