El secretario provincial del PCA en Huelva, Daniel Hernando, ha anunciado hoy la reactivación de la campaña que el partido puso en marcha en 2013 contra «el pensionazo» que «está ejecutando a marchas forzadas el gobierno de Rajoy, con el que quiere convertir las pensiones públicas en un negocio privado y dejar sin este derecho a los pensionistas que no puedan permitirse afrontar el pago de un plan de pensiones privado”.
Hernando añade que el Gobierno en funciones del Partido Popular, con Rajoy a la cabeza, «está actuando como un gran comercial al servicio de las empresas de pensiones privadas para garantizarles un gran mercado cautivo que tendrá que comprarles, al precio que les quieran imponer, planes de pensiones privados si quieren tener algo que llevarse a la boca cuando les llegue la jubilación”. Hernando asegura que «los fondos buitre están deseando hacerse con el Fondo de reserva de la Seguridad Social para arrebatárselo a la población, hacer negocio y especular con este dinero público”.
En su opinión, «hasta que no logremos derogar las reformas laborales que imponen a millones de personas sueldos de miseria, las cotizaciones de esta población explotada seguirán siendo demasiado bajas como para poder garantizarles pensiones dignas en el futuro, con lo que el negocio de las empresas que venden planes de pensiones está garantizado, gracias a la intervención directa del Gobierno de Rajoy”.
Movilizaciones
La campaña en defensa de las pensiones públicas se va a materializar en próximas movilizaciones y su difusión entre los colectivos directamente afectados y «entre los que tenemos derecho a ser pensionistas en el futuro, para que nadie se vuelva a llamar a engaño y logremos parar este saqueo del sistema público de pensiones que está perpetrando el Gobierno en funciones de Rajoy”, señala Hernando.
En la provincia de Huelva hay actualmente 30.609 pensionistas, cuya inmensa mayoría, según Hernando, «tiene que vivir con pensiones con cuantías que no alcanzan los 833 euros al mes, que es la media de una pensión en Andalucía». La situación de este colectivo, denuncia, «ya es bastante grave económicamente, ya que el 94% de la población jubilada se encuentra en situación de pobreza energética, es decir no les alcanza para pagar las facturas de la luz y el agua, si al mismo tiempo tienen que asumir su alimentación diaria».
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