La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, y la eurodiputada Ángela Vallina presentarán una queja formal ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo después de que la presidenta, Cecilia Wikstrom, haya accedido, a petición del Partido Popular Europeo, a que Gas Natural participara en el debate que se ha desarrollado sobre el parque natural de Doñana, sin avisar a los diferentes grupos parlamentarios.
La formación considera «inadmisible» que la presidenta, sin consultar con los grupos parlamentarios, coordinadores y sin añadirlo en el orden del día, permita «la entrada a un ‘lobby’ a esta comisión de peticiones», se ha quejado Vallina, que se ha preguntado «a quién está defendiendo el PP, a las empresas o a los ciudadanos».
Según ha denunciado IU, la representante del PP, Rosa Estarás, «ha reconocido que Wikstrom accedió a que el miembro de Gas Natural participara en el debate» a petición de su grupo parlamentario y ha dicho que si el peticionario Francisco Javier Camacho, que es responsable de política institucional de IU Huelva, representa a una parte de la ciudadanía, entonces «Gas Natural representa a otra y se deben escuchar todas las partes».
IU se pregunta «por qué este trato de favor a Gas Natural y por qué es siempre el PP el que invita a esta empresa», ha dicho, en referencia a que en la pasada legislatura ya se vivió una situación similar.
Mesa de la Ría
La Mesa de la Ría realizó en 2013 una denuncia contra lo que consideran «lamentable proyecto de la empresa Gas Natural y también contra el almacenamiento de gas que REPSOL podría estar realizando desde hace años en sus pozos Poseidón de la costa de Doñana, según se desprende de un reciente informe de la defensora del Pueblo Español».
Hoy, a la denuncia contra la empresa Gas Natural, el colectivo onubense añade información a la Comisión Europea del Defensor del Pueblo Español sobre las irregularidades en la extracción de Repsol, así como de las pesquisas que la institución viene realizando desde la denuncia del colectivo en 2013 sobre los estudios o la inyección de gas que podría estar realizando la empresa REPSOL en las Costas de Doñana.
Según Mesa de la Ría el proyecto de Gas Natural dentro de Zonas de Especial Protección incumple las directivas de hábitats que deberían proteger y preservar el patrimonio de la Humanidad y que Europa tiene que defender cómo un espacio único, patrimonio de todas y todos los Europeos y considera que Doñana no debe dejar de ser un parque Natural para convertirse en un parque energético. Doñana o su entorno no debe ser una zona industrial de almacenamiento de gas natural en su subsuelo, «resultando que los proyectos y acciones contra Doñana realizadas por el Gobierno Español y la propia Junta de Andalucía están convirtiendo a la región andaluza y en particular a esta zona de Huelva, en el Salvaje Oeste ambiental Español, tal y como ya defendió en Bruselas el colectivo representado por David Hammerstein».
Mesa de la Ría dice que hay poco interés por parte de las autoridades Españolas en proteger dicho espacio de proyectos anacrónicos como el de Gas Natural, «es el funcionamiento desde los años 90 de los pozos de extracción de gas Poseidón en los que la compañía Repsol extrae gas desde 1995, lo que fue denunciado a la par que este proyecto por Mesa de la Ría y lleva además, tres años de pesquisas por parte de la Defensora del Pueblo sin que las autoridades hayan aportado hasta el momento información suficiente que demuestre que las citadas instalaciones reúnen las garantías ambientales y de seguridad requeridas por la legislación, dicen.
La Mesa de la Ría considera que Doñana tiene gran riesgo de desaparición de la mano de multinacionales energéticas y considera que estos proyectos y actividades no tienen cabida, no sólo en Doñana, sino en ningún lugar de Territorio Español y afirman que «mientras países emergentes apuestan por las energías renovables de modo descentralizado, España se dirige a la hecatombe de una nueva burbuja, la Burbuja de la Energía fósil centralizada». E insisten en que es un modelo energético basado en monopolios sin expectativas «y en vías de extinción, pretendiendo convertir la provincia de Huelva y el entorno de Doñana en otra fábrica privada, fósil y sin futuro»
Consideramos que España tiene que apostar ya por las energías sostenibles y «debería legislar para este fin y no como se ha realizado hasta ahora defendiendo los intereses de los monopolios multinacionales de la energía fósil, facilitando el acceso a la producción, la venta y la distribución de la energía renovable descentralizada a toda la ciudadanía».
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