El acta de la celebración en segunda convocatoria de la Junta General de Accionistas del Recreativo de Huelva del pasado mayo, que fue firmada tras su redacción definitiva por los dos interventores, puede resultar clave en cuanto a clarificar la composición real de los órganos de gestión y administración de la Sociedad Anónima Deportiva, tanto porque en la misma quedaron subsanados todos los defectos de forma para que pudieran quedar inscritas en el Registro Mercantil todas las Juntas anteriores, en la que se había procedido a ceses y nombramientos de consejeros, como porque el punto de orden del día en el que figuraban también el cese y nombramientos de administradores, la representante enviada por Gildoy a la misma indicó que «no tenía ninguna instrucciones al respecto», por lo que cuestiones tan importantes como las dimisiones de seis de ocho consejeros, nombramiento de un nuevo presidente y hasta la posible ratificación de un nombramiento por el Consejo de Administración de Pablo Comas como consejero delegado, quedaron sin ser ratificadas por la Junta General de Accionistas, como es obligatorio en base a la legislación mercantil. Esta acta aún no consta en la documentación que se puede requerir al Registro Mercantil por lo que pueden ocurrir dos cosas: que no hayan sido presentadas, cuando han transcurrido casi 50 días desde su celebración, o, también, que todavía estén siendo estudiadas o rechazadas por la registradora. Pero las actas están firmadas por los dos interventores nombrados, una la representante de Gildoy y otro una accionista abogado que medió entre los asistentes para que la Junta pudiera celebrarse con normalidad aunque no se personara ningún representante del Consejo de Administración del Recreativo.
Durante la jornada de ayer, a raíz de la publicación por Huevared.com de la anómala composición del Consejo de Administración, con seis dimisiones presentadas de los ocho consejeros que fueron nombrados en la Junta General de Accionistas del 30 de septiembre del 2015, donde quedó elegido presidente Benjamín Naranjo y como consejeros los dos representantes de Huelva Deportes SA, Manuel Daniel y José Antonio García, junto a José Luis Martín Moreno, Jesús Martín Morán, Antonio Martín Contreras, Pablo Comas y Alvaro Roncal, se produjo un sinfín de consultas de carácter jurídico porque una sociedad mercantil no puede permanecer sin presidente, con seis de los ocho consejeros dimitidos y sin una ratificación de un posible nombramiento de Pablo Comas de nuevo como consejero delegado. Pues cabe recordar que en esa misma Junta de septiembre se produjo el cese como consejero delegado, precisamente, de Alvaro Roncal, que había sido elegido el 19 de julio cuando se personan los que se denominaron como «nuevos propietarios del Recreativo de Huelva» y había dimitido como presidente y consejero delegado, Pablo Comas, quien venía ocupando el cargo de presidente y consejero desde el 4 de febrero del 2013 y el de consejero delegado en acta elevada a público de fecha 25 de marzo del 2013. No consta en las actas de la Junta de septiembre, ya subsanadas, que Pablo Comas fuera elegido como consejero delegado, sino tan sólo como consejero junto al resto de los otros siete miembros (que también es inusual la composición de un Consejo con número par de componentes).
El primer interesado en conocer la situación real de representación es el equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Huelva porque la comparecencia del alcalde el pasado lunes ha provocado mucha incertidumbre y cuesta trabajo entender, desde el punto de vista político, cómo pudo aceptar echar un ‘jarro de agua fría’ al recreativismo cuando todos daban por seguro que Gabriel Cruz tenía un mayor control de la situación y de los pasos a dar tras el acta de ocupación de las acciones que la empresa Gildoy poseía en el Real Club Recreativo de Huelva SAD. Para colmo, la filtración de las declaraciones que había realizado el representante de Infotelwi, Felipe Cascajo, en la grabación de la Tertulia Recreativista de la televisión local CNH, programa que dirigido por José Luis Camacho, fue emitido en horario nocturno como es habitual cada martes, y en el que confesó que «se retiró de la compraventa de las acciones de Gildoy en el Recre» ya firmada el 28 de abril del 2016 en documento privado, «por indicaciones del concejal socialista Pepe Fernández» todavía generaron una mayor confusión, hasta el punto de que los grupos de la oposición se estaban planteado anoche celebrar este miércoles, día 13 de julio, una reunión por si se consideraba necesario pedir un Pleno Extraordinario para que el equipo de Gobierno diera explicaciones, tanto de las gestiones que se llevan a cabo para controlar la gestión de manera urgente de Recre como para conocer la versión de Pepe Fernández ante las declaraciones de Felipe Cascajo o la duda que existe de si un empresario cordobés, que no es accionista del Recre ni se le conoce vinculación alguna con la SAD, como han publicado los digitales diariodehuelva.es y cordopolis.es, haya sido el que ha aportado un aval de 200.000 euros para que se tramiten los derechos federativos durante el mes de julio, siempre y cuando quede saldada la deuda con la Federación que podría ascender, aunque la cifra exacta se conocerá el día 15, a unos 700.000 euros, dinero que todavía no se sabe si va a ser aportado o no por el Ayuntamiento habida cuenta de que la Campaña de Salvación, como han reconocido en privado los dirigentes del Trust y las Peñas, se ha quedado parada en seco.
En medio de la duda de si Pablos Comas puede ejercer o no como consejero delegado de la SAD, sin que un nombramiento interno del Consejo de Administración no haya sido, posteriormente, ratificado por la Junta General de Accionistas del pasado mes mayo, cuando figuraba en el orden del día el «cese o ratificación de administradores, éste se permitió en el día de ayer hacer público un comunicado en la web oficial del Recre en el que decía textualmente lo siguiente: «El Consejero Delegado del Real Club Recreativo de Huelva, sin que esto suponga aceptación del proceso expropiatorio ni renuncia a las reclamaciones judiciales a las que tiene derecho ante tamaña ilegalidad, está dispuesto a nombrar un consejo por cooptación designado por el Ayuntamiento de Huelva, que es lo que corresponde con el fin de desbloquear la situación actual. Lo importante es el club». Añadiendo que «resulta fundamental que el Ayuntamiento de Huelva se comprometa públicamente a lo que ya ha hecho tantas veces con los empleados en privado, el ayuntamiento ha de cumplir y pagar a los empleados de una vez, ahora que Gildoy no es propietario del club. Todos se sienten frustrados ante la increíble rueda de prensa de ayer, como ya le han hecho saber a la corporación mediante comunicado. No se sabe muy bien, que quiere decir Gabriel Cruz, cuando se refiere a que el proceso le quedan al menos tres semanas ¿otra excusa para demostrar que no se sabe lo que se está haciendo?». Este ‘guante’, que permitiría nombrar unos consejeros por parte del Ayuntamiento de Huelva, tiene que ser recogido de alguna forma pero plantea obstáculos importantes: El Consejo de Administración actual tiene que seguir formado por, al menos, tres miembros, es decir que uno de los tres Martín, y puede que los tres, tienen que seguir siendo consejeros pese a que comunicaran su cese en enero puesto que estos no fueron ratificados tampoco en la Junta de Accionistas de Mayo, pero tampoco la dimisión de Benjamín Naranjo como presidente o los dos consejeros que propuso Huelva Deportes SA. Al nombrarse por cooptación y para que pueda tener mayoría la representación municipal deben ser nombrados cuatro miembros, con el agravante de que, de momento, Pablo Comas, tendría que seguir al menos por un periodo mínimo hasta que esté inscrita todas estas actuaciones y apoderamientos. Y el tercer obstáculo es que se pide al Ayuntamiento que haga frente al pago de los salarios de los trabajadores, e imaginamos que a otras cantidades para que la entidad pueda funcionar con normalidad. Y este dinero no se ha dicho todavía por el equipo municipal de qué partida va a salir, cuando los presupuestos están prorrogados y en los presentados del 2016, por no estar prevista la expropiación, no existen créditos asignados para liberar ese dinero a la SAD.
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